Gutiérrez cree que la querella de DRY buscaba “impacto en los medios”

Denuncian a 58 diputados por cobrar dietas de alojamiento teniendo casa en Madrid.

La Asociación Democracia Real Ya (DRY) presentó el pasado viernes una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los ministros de Empleo, Fátima Báñez; Interior, Jorge Fernández Díaz; Hacienda, Cristóbal Montoro; Fomento, Ana Pastor y 58 diputados del Congreso por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida por cobrar dietas destinadas al alojamiento “a pesar de disponer de vivienda habitual en Madrid”. El movimiento de esta organización no ha gustado al diputado a Cortes por Melilla, Antonio Gutiérrez, quien aclaró que el no se encuentra entre los parlamentarios denunciados por Democracia Real. Asimismo, consideró que la querella tiene un sentido “puramente mediático”. En declaraciones realizadas a El Faro, aclaró que las actividades económicas y los bienes de los parlamentarios del Congreso están “completamente controlados”. Además, matizó que “no existen las dietas como tales”, sino indemnizaciones, retribuciones por viajes y similares, todos ellas “reguladas y completamente supervisadas”. Desde DRY afirman que con la querella quieren “que se haga justicia”. Uno de los letrados de la asociación, Miguel Ángel Jiménez, señaló al presentar la denuncia que si los diputados pretenden obtener un sobresueldo “que lo digan y expongan sus razones a los ciudadanos, a ver qué les parece”. Por su parte, Gutiérrez no hizo balance alguno de la denuncia y preguntó si la asociación ha contado con datos sólidos a la hora de presentarla. “Es la primera vez en toda mi trayectoria como diputado que veo algo así. No sé a qué juegan, todo viene regulado por le Congreso”, terció. Esta no es la opinión de DRY, desde donde denuncian que la mayoría de parlamentarios denunciados en su querella cobran una dieta de 1.824 euros en concepto de ayudas para el alojamiento por el hecho de haber sido elegidos en otras circunscripciones diferentes a la de Madrid, a pesar de contar “con una o más viviendas en la capital y de ser, en muchos casos, su residencia habitual”. “La cuestión es que estos diputados, aunque tienen casa en Madrid, parece ser que no la utilizan porque están cobrando dicha dieta”, agregaron desde DRY. “Cuando se les ha preguntado a los diputados por esta cuestión han asegurado que necesitaban ese dinero para hacer su gestión. No es factible, porque los diputados, cuando están en misión parlamentaria, cobran una dieta de 120 euros”, añadieron. En este sentido, Jiménez señaló que “existiría duplicidad en el concepto de dietas” y por ello, dado que esos diputados estarían percibiendo 952 euros más que los elegidos por Madrid, cuya dieta asciende a 870 euros, a pesar de contar todos ellos con residencia en la capital, les acusan de “malversación de fondos, apoyándonos en el artículo 433 del Código Penal”, que establece que “la autoridad o funcionario público que destine a usos ajenos a la función público caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años”. Gutiérrez afirmó que DRY es una organización “que se opone radicalmente” a la democracia parlamentaria. “No quiero entrar en la descalificación, pero me resulta muy llamativo el tema de la denuncia. No ha ocurrido algo así en toda la etapa de la democracia”, aseveró. Además, consideró que los componentes de esta agrupación podían haber utilizado cauces distintos para informarse sobre la actividad de los diputados, como acudir a la Mesa del Congreso o a las comisiones informativas pertinentes. “Son métodos transparentes. Todo está reglado y fiscalizado”, terció Gutiérrez, quien insistió en que la querella busca “eco mediático”.

El letrado de DRY Miguel Ángel Jiménez explicó que la asociación ha decidido incluir al presidente del Gobierno en la querella porque, a pesar de estar residiendo en el Palacio de La Moncloa, sigue cobrando, según denuncian, la dieta de 870 euros que el Congreso destina a los diputados elegidos en Madrid. “No se tiene conocimiento de que el presidente del Gobierno esté restituyendo estas cantidades cobradas en su condición de diputado de Madrid”, señalan en la querella.
“Nos parece un poco extraño que alguien perciba esa dieta viviendo en el Palacio de La Moncloa y a costa de todos los españoles. Esa irregularidad hay que sacarla, y no hay ningún sitio mejor que los tribunales de Justicia”, manifestó, al tiempo que añadió que “no se explica como es posible que esté cobrando una dieta parlamentaria un primer ministro que además ha renunciado a su sueldo como diputado”.
Por último, el letrado de la asociación apuntó que lo que persiguen con la querella, además de denunciar lo que consideran una “falta de honestidad” teniendo en cuenta “la actual situación que hay en España de crisis y corrupción política”, es que los diputados denunciados “devuelvan a todos los españoles el dinero que han cobrado y que no les correspondía y que no vuelvan a cobrar estas dietas”.