CpM no comparte que se use dinero público para un local que tendrá beneficios privados
El diputado local de Coalición por Melilla (CpM), Emilio Guerra, ha cuestionado la inversión pública destinada al chiringuito de La Hípica, cuya licitación parte de un presupuesto de 535.823 euros, al considerar “cuestionable” el uso de fondos públicos en un establecimiento que generará beneficios privados. El dirigente ha reclamado al Gobierno de la Ciudad Autónoma que justifique tanto el modelo elegido como el coste del proyecto.
Guerra ha señalado que existe una diferencia superior a los 160.000 euros entre el presupuesto de La Hípica y el coste final del chiringuito de Los Cárabos, adjudicado por 373.370 euros, pese a tratarse, según CpM, de infraestructuras “prácticamente idénticas” situadas en el mismo paseo marítimo. De acuerdo con los datos aportados por la formación, el coste por metro cuadrado también evidencia una brecha significativa entre ambos proyectos, lo que, a su juicio, refuerza la hipótesis de un posible sobrecoste que no ha sido explicado públicamente.
Desde CpM han reiterado su apoyo a la recuperación de los chiringuitos, pero han criticado la decisión del Ejecutivo de descartar el modelo de concesión de obra pública. Guerra ha recordado que este sistema permite que la inversión inicial recaiga en el operador privado, que posteriormente explota la instalación durante un periodo determinado, evitando así el desembolso directo de recursos públicos.
En esta línea, el diputado ha subrayado que el Gobierno no ha acreditado por qué el mercado no habría respondido a una licitación concesional, tal y como se defendió desde el área competente. Para la formación, esta falta de justificación resulta relevante en un contexto de recursos limitados, donde la asignación de fondos públicos requiere, según indican, una base técnica clara.
Asimismo, Guerra ha puesto el foco en el proceso de elaboración de los pliegos de explotación. Según ha indicado, el consejero responsable manifestó que estos documentos se elaboraron atendiendo a sugerencias de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Melilla. En este sentido, ha advertido de que los pliegos están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público y que, si no se garantizó el acceso en igualdad de condiciones a todos los posibles interesados, el procedimiento podría presentar irregularidades.
Por último, CpM ha alertado de que la combinación de una inversión pública elevada y determinadas condiciones de explotación podría trasladar el coste al consumidor final. Según Guerra, esta circunstancia podría afectar al carácter tradicional y accesible de estos espacios, con el riesgo de que dejen de ser asequibles para una parte de la ciudadanía melillense.
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