El colectivo ecologista exige que la actuación prevista para septiembre no confunda especies invasoras con vegetación autóctona
El Colectivo Ecologista Guelaya ha respaldado la limpieza del cauce del Río de Oro que el Gobierno de la Ciudad prevé acometer en septiembre, tras la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La organización asegura que nunca se ha opuesto a esta actuación y recuerda que lleva años reclamando que el cauce esté libre de basuras y de flora invasora.
No obstante, Guelaya condiciona su apoyo a que los trabajos se ciñan a tres actuaciones concretas: la retirada de residuos urbanos, la eliminación de plantas invasoras y el desbroce, en casos excepcionales, de vegetación seca.
Uno de los principales avisos del colectivo tiene que ver con la diferenciación de especies. Guelaya pide que no se repita el error de confundir la caña común (Arundo donax), especie invasora que sí debe eliminarse, con el carrizo o Phragmites, una planta autóctona que frena el impacto de las riadas y resiste bien el fuego.
La organización también reclama que se descarte el uso indiscriminado de maquinaria pesada en el cauce. Para proteger las zonas de Phragmites durante la extracción de la caña invasora, exige que los trabajos se realicen de forma manual allí donde sea necesario, aunque ello implique un mantenimiento periódico ante los rebrotes de la vegetación invasora.
Guelaya ha pedido además al Gobierno de la Ciudad que investigue de forma definitiva qué viviendas colindantes al cauce vierten bolsas de basura al río durante todo el año, una práctica que el colectivo denuncia desde hace tiempo y que considera fácil de identificar y sancionar. A su juicio, proteger el Río de Oro exige que la Administración no renuncie a aplicar sanciones por evitar molestias a determinados vecinos.
La actuación anunciada por el Gobierno de la Ciudad cuenta ya con el visto bueno de la CHG, que autorizó actuar sobre un tramo de 782 metros del cauce, entre los puentes de Camellos y la Avenida Ciudad de Barcelona. La resolución fija un total de 33 condiciones (cinco particulares, diez específicas y dieciocho generales) y prohíbe expresamente talar o podar vegetación de ribera salvo las especies invasoras contempladas en la propia autorización. El plazo máximo para ejecutar los trabajos es de doce meses.
El consejero de Medio Ambiente ha explicado que los trabajos autorizados incluirán la limpieza de sedimentos y la retirada de especies invasoras, vegetación seca y restos vegetales que puedan aumentar el riesgo de incendios o reducir la capacidad hidráulica del cauce. La Ciudad, además, deberá comunicar formalmente a la CHG tanto el inicio como la finalización de las actuaciones, que serán objeto de inspección posterior.
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