Guardias civiles critican la licitación para la compra de ropa

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado que los mandos hayan apostado "por la cantidad antes que por la calidad" en relación a la compra de la ropa de uniforme de estos funcionarios públicos. La licitación para distintas prendas de la uniformidad con que se dotará al person al ha salido por importe de 8,3 millones de euros. "Sin embargo, nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que, una vez más, primará lo económico y para ello, han modificado considerablemente los pliegos de prescripciones técnicas y rebajado la calidad de las mismas con el objeto (suponemos) de que puedan entrar en el concurso empresas que ofrecen ropa a bajo coste".

Además, la entidad denuncia que todo eso se ha hecho" a espaldas de los trabajadores y sus representantes". Así, mientras ya en el mes de octubre, la Guardia Civil advertía a las empresas que suelen licitar que “los requisitos técnicos de los citados artículos han variado de forma sustancial (bota y zapato) respecto a las prendas actualmente vigentes y en el resto de artículos hay cambios significativos”, los representantes de los trabajadores "hemos tenido conocimiento al revisar el portal de contrataciones del estado".

Por este motivo, consideran que la Guardia Civil ha incumplido "su obligación de consulta y hemos presentado denuncia ante Inspección de Trabajo y no descartamos, en su caso, acudir a instancias europeas".

Además, anuncia la AUGC que realizarán un exhaustivo seguimiento de la licitación para ver la adjudicación, así como, una vez se distribuyan y entreguen las prendas, el resultado de las mismas" pues nos tememos que lo barato no sólo puede poner en riesgo la salud de los trabajadores, sino también salir caro a la larga si la duración de las prendas se reduce considerablemente, así, además del calzado, hemos notado cambios significativos en otras prendas como cazadora y pantalón técnico.

"Resulta vergonzoso observar que mientras el Gobierno impone sanciones a empresas privadas por no consultar a los representantes de los trabajadores, incumple con sus trabajadores la mismo obligación que exige al resto", concluye la AUGC.