El Gobierno ha asegurado que la venta de armamento a Marruecos cumple la ley y que "se garantizan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado".
El Ejecutivo contestó de esta forma a una pregunta del senador de Compromis, Carles Mulet, que había preguntado si el Gobierno "¿continúa pensando el Gobierno que es buena idea continuar armando a Marruecos".
Este miércoles El Faro publicó que en los últimos nueve años, España ha vendido a Marruecos armamento por valor de más de 385 millones de euros.
En su pregunta, Mulet exponía la existencia de un informe, entregado por los servicios de inteligencia de España al despacho del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alertando de una estrategia hostil por parte del régimen de Marruecos para ocupar Melilla y Ceuta, evitando una guerra con España.
Mulet se hacía eco de la publicación en el diario digital marroquí 'Le Collimateur', donde se detallaba el informe 'Una nube roja en el cielo de Madrid', un "documento de Investigación del año 19/2021", lleva el sello del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), ambos centros de análisis dependientes del Ministerio de Defensa de España.
El Gobierno ha explicado que la negociación y firma de un contrato privado entre una empresa española exportadora y un comprador, tanto privado como institucional, no están sometidas a autorización previa en la legislación española.
El Ejecutivo resalta que los controles sobre el comercio exterior e intracomunitario de material de defensa, de otro material y de doble uso se realizan conforme con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, cuya finalidad es la de contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, evitar su desvío al mercado ilícito, y combatir su proliferación, al tiempo que se da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por España a este respecto y se garantizan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado.
