El Gobierno de Mariano Rajoy ha señalado que los "condicionamientos específicos" de la inclusión de Melilla y Ceuta en el territorio aduanero de la Unión Europea no serían "compatibles" con el mantenimiento de las actividades que en ambas ciudades pudieran llevarse a cabo "al amparo de su condición de territorio franco".
Así lo ha detallado en una respuesta a una pregunta escrita de la diputada socialista María del Mar Rominguera Salazar, que el pasado mes de febrero presentó a la Mesa del Congreso. En ella, Rominguera preguntaba si el Ejecutivo es "partidario" o no de la integración de las ciudades autónomas en la Unión Aduanera y si existe "algún compromiso explícito" para la misma.
La diputada del PSOE también preguntaba que, si en caso de que Melilla y Ceuta se adhiriesen a la Unión Aduanera, estas "mantendrían los actuales incentivos económicos y fiscales de los que ya disfrutan ambas ciudades". La respuesta del Ejecutivo central es taxativa: no.
El Ejecutivo entiende que la medida planteada, en caso de impulsarse, debería venir acotada por una serie de estudios con las posibles implicaciones de que tanto Melilla como Ceuta se integrasen en el Arancel Aduanero Común.
La aplicación de dicho arancel supondría gravar la importación de mercancías en el ámbito comunitario, "así como la aplicación de la Política Comercial Común y de los impuestos armonizados, como el IVA".
En este sentido, el Gobierno responde en el Congreso que al ser territorios francos, en Melilla y Ceuta no es aplicable el Arancel Aduanero Común "ni tampoco existe Arancel propio alguno". "En ambos territorios es de aplicación el IPSI, impuesto indirecto de carácter municipal, que grava las importaciones de bienes en esos territorios con unos tipos de gravamen comprendidos entre el 0,5 y el 10 por ciento".
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