La Consejería de Distritos ha sido el centro de atención del Pleno de Control que se ha realizado esta mañana. La mayor parte de las preguntas del PP se han centrado en la creación de un centro de menores temporal en el Fuerte de Rostrogordo y de la página web Melilla Colabora. El titular de Distritos, Mohamed Ahmed, aseveró en su intervención que todo se había hecho conforme a la legislación y que las tramitaciones de emergencia se habían ejecutado como indica la ley.
Ahmed informó de que no se han comprado los módulos del centro de menores que se iba a instalar en el cuartel de Santiago y su compañero de Gobierno, el consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, ha afirmado que las obras que se hicieron en las traseras de este cuartel servirán para acoger otras actividades y que ya tienen varias peticiones, desde la Dirección Provincial a Juventud para usar ese terreno que se ha adecentado.
Pero el PP no ha estado de acuerdo con las conclusiones del Ejecutivo local y ha subrayado en innumerables ocasiones que el expediente es “una chapuza” y tiene numerosas “irregularidades”.
La primera pregunta relativa al centro de menores que se creó en el Fuerte de Rostrogordo, aunque con la intención de llevarlo más tarde al cuartel de Santiago, la realizó el diputado del PP, Daniel Conesa, que preguntó cuánto han constado los módulos que se iban a poner en ese acuartelamiento. Y el consejero de Distritos dijo que cero euros porque no se han adquirido.
Conesa explicó que este expediente era “una chapuza administrativa” y contenía “irregularidades evidentes”. Afirmó que si se hace un procedimiento de emergencia para crear un centro de acogida en Santiago y luego no se lleva a cabo, queda sin justificación los gastos de reforma del cuartel y también el centro provisional en el Fuerte de Rostrogordo. Aseveró que todo esto “traerá cola” a nivel judicial.
Ahmed respondió que su Gobierno no da la espalda a los melillenses y que escucharon las protestas de los vecinos por llevar al cuartel ese centro de menores. Eso les hizo cambiar de opinión y apuntó que se crearán consejos ciudadanos para escuchar a los melillenses en esos foros y atender a sus peticiones.
Fue el diputado del PP, Manuel Ángel Quevedo, el que preguntó por el coste de arreglar el cuarte de Santiago en su parte trasera. Y el consejero de Infraestructuras, Rachid Bussian, afirmó que no tenía la factura aún porque no se había firmado la finalización de la obra, pero que se había encargado la reforma por un proceso de urgencia ante la instancia de la Fiscalía de Menores de reducir el número de chicos acogidos en La Purísima.
Quevedo, por su parte, le dijo que sí que estaba terminada la obra desde hace 15 días, es decir, desde el 29 de junio. Señaló que se había previsto un gasto de 115.000 euros y se preguntó si no era “un despilfarro” haber hecho esa inversión si ya no sirve. E insistió en que hay “irregularidades flagrantes” en este asunto.
Bussian respondió que 115.000 euros era lo que se gastaba el Gobierno de Imbroda en “comidas” y añadió que se usará la zona arreglada de Santiago para otras cuestiones. Subrayó que tiene propuestas de la Dirección Provincial de Educación para reducir la ratio de las aulas y también de Juventud, por ejemplo, para cursos de formación o de Políticas Sociales para otros proyectos. El consejero dijo que el “despilfarro” hubiera sido mayor con el PP al frente del Gobierno.
También preguntaron los populares por las fechas de las autorizaciones de Industria para albergar a menores en Rostrogordo. La respuesta del consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, es que no había ninguna fecha.
El diputado Daniel Conesa explicó que eso era una “imprudencia y una irregularidad abierta” porque se ha transformado el fuerte en un centro de acogida y se han hecho reformas. Aseveró que la Dirección General de Industria debió dar esos permisos para el cambio de uso.
Pero Mohatar no está de acuerdo. Aseveró que desde 1999 es un campamento para jóvenes y lo sigue siendo. Por lo tanto le pareció “una chorrada” que el PP hiciera esa pregunta y dijo que habría que darle dos medallas “una por tonta y otra por si la pierde” a la persona que se le ocurrió llevar esta cuestión al pleno.
Otras preguntas de los populares se centraron en la contratación de la empresa que lleva la gestión del Fuerte de Rostrogordo, así como sobre la incorporación del personal, los menores y el pago que se ha realizado. También se interrogó al consejero de Distritos sobre por qué solo habían pedido una oferta la empresa Lisa Melilla, aunque Ahmed lo desmintió y dijo que se había contactado con otras que rechazaron participar por las complicaciones que suponía el estado de alarma.
La diputada del PP, Esther Donoso, decía que ese contrato se formuló por un mail. El consejero le dijo que la ley le permite hacer incluso contrataciones verbales si son una emergencia. Pero los populares, le indicaron que no es un órgano de contratación y que se estaban cometiendo “irregularidades como la copa de un pino”, según las palabras de Manuel Ángel Quevedo.
También criticaron que la empresa no tenía en su objeto social la atención a menores, sino que se dedicaba a limpiar colectores; ni contaba con la solvencia económica para ejecutar un presupuesto de 3 millones de euros siendo su facturación anterior de hasta 100.000 euros y no contaba con trabajadores en su empresa para ello.
Asimismo, Donoso preguntó desde cuándo se inició el contrato de los 56 trabajadores. Y el consejero de Distritos dijo que desde el día 8 de abril, argumentando que antes del estado de alarma por la COVID-19 ya tenían informes que alertaban de la situación de “hacinamiento” en La Purísima.
Pero la popular indicó que el 8 de abril no estaban todos los trabajadores incorporado ni tampoco los 150 menores y, en cambio, sí que se ha abonado ese dinero al completo a la empresa.
El portavoz del PP, Miguel Marín, volvió a incidir en esta cuestión e indicó el gasto en este centro de menores temporal en el fuerte. Se abonó 190.000 euros a la empresa que lleva esta gestión, que son 8.000 euros al día desde el 8 de abril, aunque no empezó el contrato hasta el 23 de abril y ni había el número total de empleados ni de menores. Además, en mayo se abonó una factura de mas de 248.000 euros a esa misma empresa si en esos meses no estaban tampoco los 200 menores. Asimismo, Marín indicó que en la purísima se paga 719 euros al mes por menor y en el centro de Rostrogordo es de 1.300 euros al mes por menor, es decir, un 83% más.
Para el popular, las decisiones de Distritos tiene más que ver con Cuba y Venezuela que con un país como España donde debe seguir las normas de contratación. Es más, dijo a Ahmed que “todas las barbaridades que han hecho en este tiempo en ese centro y en otros expedientes tienen dos nombres propios: prevaricación y malversación”.
El consejero de distritos insistió en que se han seguido las normas y que los menores vivían en unas condiciones de “indignidad” que no se iban a seguir permitiendo.
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