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El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ya ha confirmado que va a cesar a los tres consejeros y tres viceconsejeros que no son electos, de acuerdo, se entiende, con los informes que había solicitado a distintos servicios jurídicos del Consistorio melillense.

Hace ya varios días que expresé mi opinión sobre este tema, aludiendo a que Melilla no se veía afectada por la decisión del Tribunal Supremo sobre la viceconsejera de Ceuta. Y que si, de verdad, creemos en la capacidad de autoorganización de la Ciudad Autónoma, en base al estatuto de autonomía, se tendría que llevar hasta el final las decisiones políticas. Porque, en definitiva, De Castro se va a basar en una decisión jurídica, pero para el mantenimiento se trataría de una decisión política.

Que yo sepa, y que me corrijan si yerro, todavía está en vigor un acuerdo de la Asamblea de Melilla, de enero de 2017, donde se le otorgaba al presidente Imbroda la capacidad para el nombramiento de consejeros y viceconsejeros no electos. Un acuerdo que nunca ha sido denunciado ante el Juzgado de lo Contencioso en Melilla por ningún partido ni por ningún particular. Esa era la base del informe jurídico que pidió en abril de ese año 2017 el entonces presidente Imbroda a su departamento de Desarrollo Autonómico. Un informe que debe seguir teniendo valor. Y unas apreciaciones que asumo al cien por cien.

Pero vamos, la realidad es otra bien distinta. De Castro ya ha puesto encima de la mesa su decisión como presidente de la Ciudad y, por tanto, quien tiene las competencias para los nombramientos como para los ceses de los diferentes integrantes de su Gobierno.

Es una decisión que tiene sus consecuencias porque, al final, hay una serie de Consejerías y Viceconsejerías que deberán ser repartidas entre PSOE y CpM porque son los únicos partidos que cuentan con varios integrantes en el Gobierno y que cuentan con su condición de diputados. Se entiende que tanto el poder de CpM como del PSOE irá en aumento y el de De Castro en descenso. El actual presidente perderá a dos de sus más cercanos colaboradores como son la consejera de Presidencia y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Repito que no comparto el camino que ha decidido De Castro, pero no queda más remedio que respetarlo porque son sus competencias, atribuidas por la ley, y como tales es el único que está en disposición de cumplirlas y ejercitarlas o no hacerlo.

Todos reconocemos que estos primeros meses del Gobierno de Melilla no han sido fáciles porque conjuntar a tres partidos políticos, tan diferentes como los que integran el Gobierno autonómico, no es nada fácil. Han existido y existen roces entre unos y otros. Ahora se iniciará una nueva etapa que tampoco será nada fácil. La diferencia es que los presupuestos, de cara al año que viene están terminados y pendientes de su aprobación en el Consejo de Gobierno. Todo ello, siempre que el nuevo consejero o consejera de Hacienda acepte todo ese contenido y no quiera dar su toque personal.

El camino que se inicia no será nada fácil y veremos como se intenta volver a conjuntar este puzzle con una presión permanente desde las filas del Partido Popular que no va a cesar en ningún momento.