El fracaso del espíritu de cogobernanza y de la aparente normalidad

Tarde o temprano, se veía venir: lejos de decrecer, la predisposición de la pandemia en esta segunda ola no ha moderado su embestida y sigue al alza, lo que evidencia la inquietud de algunas autoridades sanitarias que progresivamente han ido incorporándose a la misma tesis.

Si bien, los informes diarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, abreviado, CCAES, no permite contemplarlo de una simple ojeada, España, ha sobrepasado en la última semana dígitos impensables con tendencias peliagudas a la vista del otoño y a las puertas del invierno, las dos estaciones en las que el agente patógeno podría acarrear trastornos sin precedentes.

Indicios que representan todo un entresijo de variables intervinientes con las que jamás hubiésemos deseado toparnos, como apelaciones desalentadas de gobernantes a persistir en el post confinamiento; o centros hospitalarios que comienzan a vislumbrar la saturación de camas; e indudablemente, las sospechas de un desbordamiento previsible de sus servicios en los que ya se han desprogramado intervenciones quirúrgicas; o cierres de aulas y otras infraestructuras.

Y es que, España, palpa con la yema de los dedos un espectro epidemiológico extremo, habiéndose cerrado la peor semana de la segunda ola con una media de 37 ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos, UCI; una cifra que se reconocía tras implantarse el Estado de Alarma en la primavera pasada. Una pesadilla de la que quisiéramos despertar y que nos reporta a aquel mes de marzo fatídico.

Los casos aumentan por miles y la oscilación de colapso en los hospitales ha dejado de ser una utopía; como del mismo modo, los centenares de decesos por día no cesan en su cuantificación. Un círculo vicioso atomizado que es preciso amputar en un escenario imprevisible.

Tras una época estival acentuada por las restricciones a la nueva normalidad, el otoño ha traído consigo otro envite del SARS-CoV-2. Pero, en esta ocasión el virus reaparece con algunas lecciones aprendidas y que lo hacen catalogarlo con otro talante. Su contraste con los inicios, es que ahora se realizan más indagaciones de detección de infección activa, o bien la prueba rápida de antígenos, o la de ARN viral mediante un RT-PCR o una técnica molecular equivalente. El resultado no puede ser otro: antes se detectaban en torno al 10% de los casos positivos y ahora más del 70%.

Conjuntamente, el número de óbitos ha disminuido, pese a intensificarse los positivos: el hallazgo temprano imposibilita que se desenvuelvan casos más dañinos. Esto se debe en gran parte, porque hay un mayor conocimiento de la enfermedad, sus posibles tratamientos y los episodios que confluirían en direcciones más graves. Si bien, este contexto podría alterarse drásticamente, como de hecho parece estar sucediendo con la edad media de hospitalizaciones, que ha dado el salto de 50 años en julio, a 70 en octubre.

Yendo a las referencias ratificadas, en estas jornadas no solo se ha rebasado con creces el millón de infecciones, con una métrica oficial de 1.098.320 individuos contagiados, sino que la incidencia acumulada se ha desatado en 80 puntos y alcanza los 361 casos por cada 100.000 habitantes; mientras, los positivos ascienden por doquier y rompen récords impensables.

En la semana que abarca del 16 al 23 de octubre se han registrado 109.572 nuevos contagios, algo así como 15.000 de media al día. Y en el fin de semana del 24 y 25, 17.000 casos por día, subiendo a los 410 por cada 100.00 habitantes.

Y por si fuese poco, 977 finados, 140 por día y más de cinco cada hora. Además, el incremento de enfermos en planta y UCI atañe al 13,7% y 24%, respectivamente, con Comunidades por encima del 40%. Cifras que indiscutiblemente habrán variado a la lectura de este texto.

No ha de soslayarse, que en esta segunda ola se prescriben muchos más casos y una proporción bastante significativa son asintomáticos. Es por esta cuestión, por la que la cantidad de contagios supera a la de finales de marzo, cuando se observó el pico de la primera oleada.

Actualmente, la primera línea de contención está en la atención primaria. También, en numerosas comunidades los centros de salud se han desbordado por la falta de inversión, previsión y de rastreadores, con lo que el apremio vuelve a encaminarse de manera irregular en los hospitales, aunque no todos por igual soportan el impacto.

Luego, no cabe duda, que las circunstancias en el conjunto del Estado se mantiene por debajo de los valores de marzo, pero no perdiendo de vista que a grandes rasgos, todo se está complicando. Si a día de hoy no quedan otras alternativas para poner en práctica, salvo las excepciones de la movilidad nocturna, la prioridad, valga la redundancia, es disminuir la movilidad para que los ciudadanos continúen el máximo tiempo posible en sus domicilios.

No distantes a esta realidad, en intervalos propensos a la inestabilidad con la crisis epidémica, las Comunidades y Ciudades Autónomas han coincidido en disciplinar todo un repertorio de normas y pautas ante el repecho exponencial de contagios. Cada una lo ha implementado en función a su entorno real y éstas se han vertebrado en la simplificación de aforos; o la suspensión de recintos de ocio nocturno; obligatoriedad de airear los interiores de establecimientos; disminución de los grupos sociales, tanto en lugares públicos como privados, o el cierre de bares y restaurantes antes de la medianoche.

Lo cierto es, que los esfuerzos programados con diversas estrategias, han quedado en agua de borrajas, porque permanecen latentes otros focos de contagios, llámense los brotes derivados de las celebraciones privadas, interpretando por ellas desde los denominados ‘botellones’ a las ‘fiestas en las casas’. Desmontándose algunos mitos, como que si no son multitudinarios el riesgo no existe, e implicando poner en juego la salud en los que el sector más joven no se conciencia.

Con estos antecedentes preliminares, aunque la mayoría de regiones españolas han preferido el cerrojazo perimetral de las áreas afectadas y no de la totalidad de los territorios, parece que el último cartucho para prescindir del cierre completo, subyace en el toque de queda y el autoconfinamiento que se encauza en el Estado de Alarma.

Una vez más, queda claro, que lo acontecido se ha impuesto a la política: transcurridos cuatro meses rechazando e impugnando que el Estado de Alarma fuese indispensable para contralar el coronavirus, los detalles desfavorables inicialmente mencionados que entrañan un mar de errores, han obligado a rehacer esta herramienta constitucional recientemente entrada en vigor y que presenta ciertas singularidades que sucintamente desgranaré en este pasaje.

A falta de otros mecanismos regulados, como la Ley de Emergencia Sanitaria que lleva la voz cantante en Francia, no parece que quedase otra elección para dar cobertura jurídica a las medidas de excepción empleadas por los ejecutivos autonómicos y que estaban expuestas a ser prohibidas por los tribunales, por incumbir en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Quizás, pudiésemos estar lamentando el lapso desaprovechado por el Ejecutivo, de no haber reglamentado a propósito una máxima más proporcionada a las coyunturas actuales y menos gravosas para las libertades, pero sería perder el tiempo en momentos delicados y comprometidos por lo que irrumpe en cuanto a la evolución de la pandemia.

La incógnita es que esta reiteración del Estado de Alarma, tal y como se ha propuesto, trata de perjudicar lo menos posible al normal desarrollo de las tareas económicas, por más que haya parcelas como el turismo y la hotelería, a los que prácticamente será inviable su predecible recuperación a corto plazo.

Asimismo, de cara a la experiencia anterior, el Gobierno apenas se guarda cualquier desempeño de inspección general, que realiza el Ministerio de Sanidad por medio de la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; puesto que el manejo de los recursos, como los toques de queda, la modulación de los horarios o la perimetración de los núcleos de población, serán resueltos por los Gobiernos de acuerdo a las particularidades del virus en cada comunidad.

Recuérdese al respecto, que el pasado 22 de octubre el Consejo Interterritorial dio el visto bueno a una guía, para desenvolverse ante las fluctuaciones de la epidemia en cada localidad. Para ello se dispusieron cuatro niveles: extremo, alto, medio y bajo, definidos con la incorporación de ocho indicadores principales y 20 secundarios, que evalúan tanto la repercusión del COVID-19 como la capacidad asistencial.

Existiendo una aproximación circunstancial de las localidades en riesgo extremo, si se administrase la escala acordada en concordancia con los promedios señalados, habrían franqueado la línea roja las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Obviamente, los umbrales vienen concretados por las tablas de incidencia acumulada, ingresos hospitalarios y ocupación de las camas de UCI, que se han determinado de manera íntegra. Con lo cual, se intenta evitar discordancias como las incurridas con la Comunidad de Madrid, en las que se pasaron por alto el conocimiento de la enfermedad y que las autoridades regionales tenían contrastadas a la hora de implementar las limitaciones.

Antes de ceñirme al Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, Núm. 282, “por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”, está en espera la intención de conservar el Estado de Alarma por una extensión de seis meses; trecho que envuelve la ‘Campaña de Navidad’ y la ‘Semana Santa’.

Es sabido que el Ejecutivo Central solo puede sancionarlo por quince días, pero en su contenido se circunscribe el menester de prolongarlo. En todo caso, es el Congreso de los Diputados quién tiene la última palabra en esta decisión; si bien, está sobre la mesa, una reducción ostensible en la duración a ocho semanas y la reforma urgente de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud.

Y es que, el Gobierno no está dispuesto a pasar por el suplicio parlamentario lo experimentado en la primavera, con referendos agonizantes cada dos semanas, así que ahora ha propuesto una prórroga más extensa y permanente, confiando alcanzar los apoyos precisos, para que España, al igual que lo han hecho otros estados como Francia e Italia, no se cuestione el engranaje legal adoptado, al estar suscrito por un periodo de varios meses.

En esta tesitura, siete meses más tarde, España restablece al Estado de Alarma después del Consejo de Ministros del 14 de marzo, que lo instituyó para detener la primera ola pandémica. En esta ocasión, si se corresponden los planes del Gobierno, lo hace por más tiempo.

Por entonces, era la segunda vez en la democracia de España que se recurría a este instrumento extraordinario previsto en el Artículo 116 de la Constitución. En este momento puntual es la cuarta vez, porque también se ha empleado en el cierre perimetral de Madrid. A groso modo, este régimen excepcional que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad con el Estado de Alarma, no será como el anterior, sino que en la práctica parece más llevadero y digerible.

De hecho, el Gobierno ha perfilado el Estado de Alarma para que la autoridad delegada en su aplicación y activación del confinamiento nocturno, incida puntualmente en cada uno de los presidentes autonómicos, para que éstos resuelvan sus dictámenes y se respete el principio político convenido en junio, con el que dirigieron el grueso de la crisis sanitaria desde la desescalada.

En otras palabras: los presidentes autonómicos se convierten en autoridades competentes delegadas y se les capacita para dictar órdenes, resoluciones y disposiciones (…), sin que se requiera el trámite de procedimiento administrativo alguno.

Es evidente que no se apunta al confinamiento total de marzo y menos, a la parálisis económica cosechada, exceptuándose algunas Comunidades como Cataluña, en la que los expertos de Salud Pública defienden el teletrabajo con una reclusión total de 15 días o los fines de semana, salvo para ir a los compromisos laborales considerados primordiales y a la escuela. Sin embargo, se estima conveniente que un confinamiento nocturno que comporta frenar la movilidad a partir de una determinada franja horaria, excluyendo los motivos documentados y con el control policial de vías, calles y arterias, podría comprimir la intensa vida social, ‘telón de Aquiles’ de los contagios, porque más del 30% se originan en círculos adscritos a distintos cohabitantes de una casa.

Un acercamiento extendido en sitios cerrados y sin ventilación, agranda la exposición de contagios. Por eso los gobiernos se han decantado por un dispositivo que permita a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, estar alerta y abortar cualquiera de estas reuniones que epidemiológicamente no llevan a buen puerto.

En base a los criterios fundamentados y a la gravedad de la situación reinante, los contenidos, llamémosle cardinales del Estado de Alarma, se simplifican en el ‘toque de queda’, las ‘reuniones sociales’ y la ‘movilidad’ entre las Comunidades y Ciudades Autónomas.

A diferencia del ‘Estado de Excepción’, con el que se atajan algunos derechos, el ‘Estado de Alarma’ únicamente admite acortarlos. Precisamente, una de estas reglas es la libertad de circulación, que en marzo enclaustró a millones de españoles en sus hogares.

Primero, con el ‘toque de queda’, el confinamiento que hemos salvado en tiempos atrás, se suprime con este nuevo Estado de Alarma, pero sí que es inevitable un confinamiento nocturno, adaptado desde las 23:00 horas de la noche a las 6:00 horas de la madrugada.

No obstante, son las Autonomías las que adecuan el horario a su ámbito territorial, pudiendo adelantar o atrasar una hora. Es decir, el confinamiento nocturno o toque de queda podrá iniciarse a las 22:00, 23:00 o 00:00 horas, y finalizar entre las 5:00, 6:00 y 7:00 horas, dependiendo del lugar y evolución de la tasa de incidencia, hospitalizaciones y fallecidos.

Segundo, se dispone de un tope de seis miembros como máximo en las ‘reuniones sociales’, a no ser que sean los mismos convivientes, aunque es configurable por las Autonomías rebajar el cupo establecido, si se agrava el escenario epidemial.

Y, tercero, la ‘movilidad’ entre las Autonomías queda impedida. Si los gobiernos regionales lo creen imprescindible, movilizarán el confinamiento perimetral o la integridad de la demarcación, así como algún municipio o distrito. El BOE lo recoge en el Art. 6.1. que dice literalmente: “se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada Comunidad Autónoma y de cada Ciudad con Estatuto de Autonomía, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados”.

Sin inmiscuirse, que el decreto habilita a las Comunidades y Ciudades Autónomas para que dispongan las acotaciones adecuadas en sus correspondientes territorios, como anteriormente se ha citado, en coherencia a la marcha vírica.

Además, hay supuestos tasados en los que se autoriza la entrada y salida, como el regreso a la residencia diaria o familiar, asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes, o desempeños “requeridos o urgentes” ante los órganos públicos o judiciales, o razones de fuerza mayor, etc.

Finalmente, el Estado de Alarma declarado expirará a las 00:00 horas del próximo 9/XI/2020, sin prejuicio de las prórrogas que pudieran determinarse.

En consecuencia, el espíritu de cogobernanza llevado a su máxima expresión con un paradigma sustentado en la cooperación y enfocado a fortalecer el consenso y la coordinación, es incuestionable, que con la normalidad y desescalada tras los tenaces envites de la primavera, ha fracasado.

Siete meses espinosos desde el primer Estado de Alarma, y poco más de cuatro de declararse el triunfo sobre el virus sin una vacuna, se pone en funcionamiento un componente cuasi federal con reacciones variopintas, y con el que se aspira a dotar a las Comunidades y Ciudades Autónomas de una armadura que sujete el compás nocturno, o lo que es lo mismo, los brotes de esta segunda ola.

Hoy, adolescentes y jóvenes adultos se han erigido en los colectivos que registran más episodios de infección, una anomalía desenmascarada por la alta actividad en la movilidad y en la interacción social de estos grupos. A ello hay que añadir, que un importante número no son conscientes que padecen la enfermedad, pudiendo transferirla a otros individuos, sin percatarse.

De ahí, que una de las premisas para salir victoriosos de esta odisea por instantes infranqueable, sea la praxis de asumir la responsabilidad individual, de la que nadie debe quedar exento.