Florensa lleva a la ONU su caso de “edadismo” en la promoción interna

El funcionario melillense Juan José Florensa ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un presunto caso de discriminación por edad en la Administración pública española, después de haber sido excluido de un proceso de promoción interna pese a aprobar la oposición. La denuncia ha sido presentada junto a otras dos empleadas públicas, una de Ceuta y otra de Galicia, que se encuentran en la misma situación.

Según la información de la agencia EFE, los tres funcionarios sostienen que fueron apartados del proceso por tener más de 65 años, a pesar de contar con una prórroga de su actividad laboral reconocida hasta los 70. A su juicio, esta circunstancia evidencia una contradicción dentro de la propia Administración, que permite a estos trabajadores continuar en activo pero les impide progresar en su carrera profesional.

Los afectados, además de Florensa, son África Martos, de Ceuta, y Pilar Silva, de Orense, aunque destinada en Santiago de Compostela. En la denuncia exponen que esta exclusión vulnera varias normas de ámbito nacional y europeo. Entre ellas citan la Directiva 2000/78/CE, la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y la no discriminación, así como los artículos 14 y 23 de la Constitución Española.

Los tres empleados públicos defienden que la promoción interna no puede ser interpretada como un nuevo acceso a la Administración, sino como un derecho vinculado a la carrera profesional dentro de la misma relación de servicio. Por ello, cuestionan que el Ministerio de Función Pública se haya apoyado en una orden ministerial para justificar su exclusión del proceso el pasado mes de febrero.

Tras agotar las vías administrativas, incluidas las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, los denunciantes han decidido dar un paso más. Además de preparar un recurso contencioso-administrativo, han activado un procedimiento especial ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar lo que consideran un caso de “edadismo” en el empleo público español.

A través de este mecanismo, destinado a alertar sobre violaciones persistentes de derechos humanos, los funcionarios reclaman la intervención de la Organización Mundial de la Salud ante la Secretaría de Estado de Función Pública. Su objetivo es poner el foco sobre prácticas que, en su opinión, perjudican al personal sénior dentro de la Administración.

El caso cuenta con el apoyo de CCOO y de entidades sociales como la Fundación Help Age y la Asociación Melilla para la Unesco. Los denunciantes subrayan, además, que esta situación resulta especialmente llamativa después de que el propio Gobierno impulsara en 2024 una reforma orientada a prolongar la vida laboral y aprovechar la experiencia del talento sénior. En este contexto, reclaman una revisión normativa que garantice la igualdad efectiva y evite que la edad se convierta en un límite para la promoción profesional.