Feuso exige educación inclusiva con recursos, respeto a la familia y garantías al profesorado

La Federación de Enseñanza de USO (Feuso) en Melilla ha denunciado las “importantes carencias” del Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de noviembre. El sindicato advierte de que el documento no garantiza financiación, criterios de escolarización ni estabilidad para los centros de educación especial (CEE).

Para la organización, la inclusión educativa “no puede convertirse en una declaración de intenciones” ni en una vía para recortar progresivamente los recursos y estructuras de la educación especial.

El documento favorece la escolarización en centros ordinarios y atribuye a los CEE nuevas funciones de asesoramiento, formación y apoyo especializado. Según Feuso, sin embargo, no detalla cómo se ejecutará ese proceso ni fija salvaguardas para no debilitar la educación especial.

El primer reproche es económico: falta una dotación suficiente, estable y plurianual. El texto tampoco establece qué alumnado necesitará atención muy especializada ni asegura que estos centros mantengan su función escolarizadora. El sindicato teme una reducción paulatina de alumnos, plantillas y medios que comprometa “su propia identidad y función educativa”.

La federación pide concretar qué se entiende por “atención muy especializada” y con qué criterios objetivos se decidirá si un alumno estudia en un centro ordinario, en uno de educación especial o en una modalidad combinada. A su juicio, esas decisiones deben responder a las necesidades de cada estudiante “y nunca a criterios económicos u organizativos”.

Denuncia también que no se concretan los incrementos de especialistas, personal de apoyo, ratios y recursos en los centros ordinarios, ni se garantiza la estabilidad de las plantillas de los CEE.

Feuso alerta asimismo del riesgo de una inclusión “meramente física”, porque matricular a este alumnado en un centro ordinario no asegura su aprendizaje ni su bienestar sin los apoyos adecuados. Por último, reclama la participación de familias y profesionales e indicadores que midan avances reales en autonomía, comunicación, aprendizaje y calidad de vida.

En el caso de Melilla, USO exige que cualquier aplicación del plan parta de un estudio de las necesidades reales del alumnado y de la capacidad efectiva de los centros ordinarios para atenderlo.

Bajo el lema “inclusión sí, desmantelamiento no”, la federación sostiene que defender los CEE no supone oponerse a la inclusión, sino proteger el derecho de cada alumno a una educación ajustada a sus necesidades.

Por ello, reclama al Ministerio de Educación financiación suficiente, criterios claros de escolarización, el refuerzo de los CEE, estabilidad para sus plantillas y la garantía de que ningún alumno será trasladado sin asegurar antes una respuesta educativa adecuada.

“No aceptaremos que la inclusión se convierta en una excusa para desmantelar progresivamente los recursos especializados que necesita una parte del alumnado con discapacidad”, advierte el sindicato.