Aunque solo tiene 28 días y es el mes más corto del año, febrero ha dado mucho de sí informativamente hablando. Se inició los días 1 y 2 con la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat, una cumbre que no se producía desde hacía ocho años y cuya convocatoria había levantado muchas expectativas, sobre todo en las ciudades de Melilla y Ceuta, ambas muy esperanzadas en que, por fin, se abrirían sus respectivas aduanas comerciales. Pero no fue así.
España llevó a la capital marroquí a una nutrida representación del Gobierno, encabezada por su presidente, Pedro Sánchez. Hasta doce ministros integraban esta delegación, entre los que se encontraba el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través del cual se firmaron acuerdos que redundan en un mayor control de la inmigración ilegal y también en la cooperación contra el terrorismo.
Las dos ciudades autónomas españolas tuvieron su espacio dentro de esa cumbre pero no hubo demasiada (por no decir ninguna) concreción con respecto a la aduana comercial. En el documento final que suscriben ambos países, se habla de “seguir abriendo” las aduanas pero no se pone fecha ni se establece qué tipo de productos podrán circular entre un país y otro a través de su frontera terrestre. Tampoco se hace referencia a la puesta en vigor de algún tipo de régimen de viajeros por parte de Marruecos y se alude a “motivos de seguridad” para no dar a conocer la “hoja de ruta” a la que tanto aluden pero cuyo contenido nunca se especifica.
El caso es que la aduana no reabrió después de la reunión bilateral hispano-marroquí y que eso provocó reacciones en Melilla. Por ejemplo, los miembros de la Confederación de Empresarios (CEME) anunciaron a través de su presidente, Enrique Alcoba, que rompían relaciones con la Delegación del Gobierno entre tanto el tema no se solucionase de forma definitiva. Tampoco cayó bien la noticia en el seno de Coalición por Melilla, cuyo líder, Mustafa Aberchán, anunció que se fletaría un avión para que empresarios, trabajadores, políticos y todo aquel que quisiera sumarse pudiera viajar a Madrid para ejercer una protesta en el Congreso de los Diputados.
Si seguimos con la política podemos destacar la trifulca entre CpM y el PP a costa de unas pintadas que aparecieron en el vehículo particular del consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian. Aberchán acusó directamente al presidente regional de los populares, Juan José Imbroda, de haber pagado a algunas personas para llevar a cabo ese acto incívico mientras que Imbroda anunciaba su intención de llevar a los tribunales a Aberchán por injurias y calumnias. El dirigente del PP, además, recomendó al cepemista que mirara “dentro de su casa” y dijo que no solo se trataba de pintadas sino que también se habían producido agresiones a consejeros del Gobierno de CpM con denuncias en los tribunales.
Pero la gran noticia política de febrero ha sido más reciente en el tiempo. Se trata de las graves acusaciones que el delegado de personal de Inmusa por CCOO, Luis José Mellado, realizó contra el gerente de la sociedad pública, Yeray Díaz, y que al final han terminado con la dimisión del socialista. Se habló de acoso laboral e incluso sexual y se apuntó que hasta 11 trabajadores se dieron de baja piscológica de larga duración por la actitud del citado alto cargo de la empresa municipal.
Trece días tardó Díaz en presentar su dimisión, después de haberse negado públicamente a dejar su puesto y negar todas las acusaciones; es más, anunció que llevaría a los tribunales a quienes habían realizado tales afirmaciones contra él. Pero el problema está en que en el PSOE conocían lo que estaba pasando porque una excolaboradora de la televisión y militante socialista, denunciante del acoso, había mantenido conversaciones tanto con la secretaria general, Gloria Rojas, como con la presidenta de Inmusa y responsable de Igualdad, Elena Fernández Treviño, informándoles de lo que sucedía en torno al gerente.
Dado que las dos representantes del PSOE se pusieron de perfil en este asunto, el PP aprovechó la coyuntura y las acusó de practicar un “feminismo de pancarta”, además de exigir sus respectivas dimisiones por no haber actuado cuando hace ya muchos meses fueron informadas de los presuntos acosos.
La buena noticia del mes para el PSOE fue el archivo de la causa contra su militante y exviceconsejero de Medio Ambiente, Francisco Vizcaíno. La justicia determinó que no había indicios de delito en la subvención solicitada y nunca cobrada para adquirir un coche eléctrico. Aquel problema acabó con la carrera política de un histórico del partido, hombre también muy ligado al mundo sindical.
Y en febrero Melilla tuvo la suerte de contar con la presencia de un buen gestor de lo público, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y actual vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. No en vano, el empresario melillense José Luis Martínez Lázaro aseguró que tener a Bravo en la ciudad era “todo un lujo”. El que posiblemente sea próximo ministro de Hacienda con un hipotético Gobierno de Feijóo, aseguró que abriría una carpeta “Melilla y Ceuta” para ir recopilando todas las necesidades económicas de las ciudades autónomas e ir buscándoles soluciones.
Cuestiones económicas también centraron la importante e inédita reunión que mantuvieron los editores de los medios escritos de Melilla y Ceuta en nuestra ciudad. Rafael Montero (El Faro), Enrique Bohórquez (Melilla Hoy) y José Antonio Muñoz (El Pueblo de Ceuta), en la que analizaron la situación por la que atraviesan las dos localidades norteafricanas y anunciaron la creación de Prenceme, que unifica a las tres empresas editoras en defensa de los lectores y los intereses de la ciudadanía contra los intentos de control de los políticos.
Hubo este mes Pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad con dos dibujos muy diferentes de la realidad melillense, pocos argumentos puramente relacionados con la ciudad, un discurso de investidura por parte del líder popular y un presidente, Eduardo de Castro, que hasta para despedirse de la Asamblea no pudo disimular su fobia a Imbroda. “Espero que no llegue a ser presidente”, dijo.
Febrero, desde luego, será recordado como el mes “horribilis” para un club deportivo local, concretamente el Huracán Melilla. Si las acusaciones por actitudes machistas por parte del Torreblanca no fueran suficientes (hay que recordar que se suspendió el partido), días después El Faro destapaba el presunto amaño del partido de Copa del Rey con el Levante de diciembre de 2021 con el fin de obtener beneficios en las apuestas. El tema, investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, sigue en marcha después de que se produjeran cinco detenciones más la comparecencia del presidente del club, Felipe Heredia, como investigado no detenido, y quedaran en libertad con cargos.
La noticia publicada por El Faro en exclusiva se convirtió en un tema de alcance nacional cuando LaLiga hizo público un comunicado sobre este asunto y el Levante quedara exonerado de cualquier responsabilidad en ese sentido.
Otras noticias destacadas guardan relación con la celebración del Carnaval, la actuación de Morad ante miles de jóvenes melillenses, la aprobación definitiva de los presupuestos, la huelga de los letrados judiciales con más de 785 juicios suspendidos hasta ahora o el comienzo de las actividades relacionadas con la próxima Semana Santa, como la presentación de los carteles o la entrega de la túnica por parte de la Cofradía del Cautivo al preso que este año será liberado, un joven de 29 años que fue condenado por lesiones.
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