Fampa y el AMPA del CEIP Real acudirán a Fiscalía para denunciar la presunta negligencia en el mantenimiento del centro

Los padres de los alumnos de infantil del Centro de Educación Infantil y Primaria Real se han vuelto a concentrar a primera hora de hoy lunes como protesta por el estado del edificio de infantil de este colegio y pidiendo la reubicación de sus hijos a otro centro, ante la sospecha de presencia de amianto en las instalaciones.

Este caso ya está en la Fiscalía de Menores, la cual ha llamado a declarar este miércoles tanto a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) como al AMPA del centro, que se reactivará mañana.

Entre los presentes en esta protesta también se encontraban representantes de las formaciones políticas Vox Melilla y Somos Melilla. Desde Fampa afirman haber invitado a todos los partidos de la ciudad, aunque en el caso de Coalición por Melilla (CpM), esta formación no acude, pero le ha trasladado  a la asociación que llevará este caso a la Asamblea.

En declaraciones a los medios, el presidente de Fampa Melilla, Joan Casares, trasladó la "inquietud" que tiene esta asociación desde la última caída del techo en el edificio hace pocas semanas y que no causó daños personales gracias a la intervención de una profesora. También denunció el "oscurantismo" en este caso, manifestando que los padres han descubierto la situación actual por las protestas que comenzaron el pasado lunes.

"Nos hemos mantenido en segundo plano, recabando toda la información posible. Lo que hemos averiguado es de gran magnitud, entendemos que se ha puesto es riesgo a los niños y docentes".

En este sentido, anunció que el pasado jueves la Fampa interpuso una denuncia en la Fiscalía de Menores donde hablaba de presunta negligencia, tras muchos años, en el mantenimiento del centro. En la denuncia también se reflejaba la presencia de amianto en la cubierta del edificio. Una estructura que tiene al menos 50 años. "Es un riesgo para la salud", subrayó.

La asociación se mantiene por el momento a la espera de los tiempos de la Justicia. A partir de ahí, afirman que pedirán las responsabilidades que correspondan.

"Uno no puede poner en riesgo a los alumnos y profesores o al barrio en su conjunto. Esperamos que la Justicia avance y no sólo realojen a los niños, sino que cierren el centro y realicen una reforma total. Esta negligencia en el mantenimiento viene de muchos años atrás y es un riesgo para la salud pública".

Por lo pronto, la Fiscalía de Menores ha abierto expediente gubernativo para las pesquisas y ha citado para este miércoles 6 de noviembre a representantes de Fampa y del AMPA del centro. Un AMPA que se reactivará tras 5 años de inexistencia tras la marcha del anterior presidente.

Además, la Fampa ha solicitado el traslado del expediente del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito contra el medio ambiente.

Informe riesgos laborales

Joan Casares hizo referencia a la existencia de un informe elaborado por el sindicato responsable de riesgos laborales de la Dirección Provincial. Un documento solicitado tras la primera caída del techo en el centro el pasado mes de febrero.

"Sabemos que el informe existe, pero no se ha hecho público y eso nos preocupa. Si realmente no hay riesgo qué problema hay en hacerlo público. Si no se puede hacer público, por qué los responsables no tienen conocimiento de dicho informe. La situación es sospechosa, cuanto menos. Entendemos que no se quiere crear alarma, pero la alarma ya está activada".

Desde Fampa sospechan que ya con la primera caída del techo de febrero se ha puesto en riesgo a alumnos y profesoras, pero también, dijo, a todo el barrio del Real debido a las micropartículas en suspensión que pueden afectar también a los vecinos de las viviendas colindantes, así como a trabajadores de los negocios cercanos o a peatones.

Ante la gravedad de los hechos, la Fampa solicitó a la Fiscalía que pida una copia del informe, al considerar que este escenario se trata de una situación penal. En caso de que la persona que tiene en su poder dicho documento se niegue a hacerlo público, esta asociación asegura que solicitará a Fiscalía que llame a declarar al autor del mismo.

"Consideramos que existe una negligencia por parte de la Administración al no actuar en una situación de riesgo para la salud. Por ello estamos dispuestos a personarnos en la causa, llamamos a más entidades y personas a hacerlo. El amianto es una sustancia mortal a largo plazo".

Traslado de los niños

Casares afirmó que les han comunicado la imposibilidad de trasladar a los alumnos a las Aulas Modulares debido a varias construcciones que se van a llevar a cabo allí próximamente.

Desde la Fampa dicen no estar en contra del desarrollo de la ciudad, pero consideran que la salud de los niños y docentes debería ser una cuestión prioritaria.

Respecto al falso techo, Casares ve insuficiente la reparación del mismo este pasado fin de semana, toda vez que se ha repuesto en el aula afectada por la última caída y en la entrada del edificio de infantil.

Asimismo, esta asociación dice tener muchas dudas respecto al cambio en la cubierta. En este sentido, lamentan la ausencia de una medición de la presencia de amianto y también cuestionan los tiempos anunciados.

"Dicen que será en menos de 3 meses, pero se tarda tiempo porque es una labor peligrosa".

Casares también cargó contra el consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnemaison, por según dijo, afirmar que no existe riesgo sin haber presentado ningún documento. "Nada es verdaderamente cierto hasta que el Gobierno lo niega", dijo.

Padres indignados

Algunos padres y madres quisieron trasladar su total indignación por el estado del centro al que acuden sus hijos.

Algunos progenitores, de hecho, han dejado de traer a sus niños, como el caso de María del Carmen Jarillo, quien a partir de hoy dice que no traerá a su hija. Jarillo llamó a que se acometan soluciones inmediatas.

"Ya no nos vale la chapa y pintura, eso ya se hizo y siguen cayendo techos. Cualquier día ocurrirá una desgracia".

La reactivación del AMPA en el centro es una propuesta de gran calado para Jéssica Gómez Soria, quien considera que es algo necesario para la movilización de los padres y la mejora del propio colegio. Por este motivo, procederán a recoger firmas por la calle para que la ciudadanía melillense se sume a esta causa.

"La Ciudad Autónoma no nos da una solución, porque no quiere la reubicación en Aulas Modulares pero no aporta nada. Queremos que den la cara y nos digan sus intenciones".

La reciente caída del techo estuvo a punto de afectar a una alumna, se trata de la hija de Mohamed Azarioh. Este padre afirmó que la niña no quería ni ir a clase por el miedo que tenía. Un miedo que también tienen los progenitores en las casas. "Cada vez que suena el teléfono ya nos esperamos cualquier cosa".

Tras un tiempo de ausencia, Mohamed ha traído hoy a sus hijas al centro, puesto que según ha manifestado, no pueden estar en casa sin escolarizar. Por ello, llama a que haya soluciones con inmediatez.

"Traemos a los niños para que estudien, no para que enfermen".

La indignación también reinaba en Cristina Sabina, quien considera algo fundamental la seguridad de los niños y que desarrollen su educación en las mejores instalaciones.

"Decimos que somos un país luchador, pero si nuestros niños se enfrentan a esto, qué derechos hay".

Sabina reclama una revisión completa de las instalaciones escolares antes del inicio de cada curso, toda vez que nuestra ciudad se encuentra en una zona de riesgo sísmico. También demandó una instalación a la que llevar a los niños, así como una reforma integral del edificio.

"Ahora ponen el falso techo, pero se va a volver a caer. No puede ser que la Ciudad de más prioridad a una urbanización que a arreglar un colegio".