El Gobierno de España decidió el pasado martes trasladar a Ali Aarras a Marruecos, cumpliendo así el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de noviembre. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los familiares y abogados del melillense, que anoche seguían sin conocimiento oficial de la consumación de la extradición de Aarras.
La decisión del Gobierno de Zapatero desatiende el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que solicitó que se paralizara la extradición entre tanto se resolvían las alegaciones realizadas por la defensa del melillense. La ‘sorpresiva’ entrega a Marruecos recrudece un debate que ayer mismo centro parte de la actualidad política en Bélgica, dada la nacionalidad belga de Aarras.
La noticia se confirmó por la noche, de ahí que no tenga mayor cobertura en la presente edición de nuestro Diario. No obstante, el debate que ayer tuvo lugar en Bélgica, a modo de reflejo del que se ha venido sucediendo en Melilla, sigue de plena actualidad y pone en cuestión no solo el alcance y validez de la ciudadanía europea, sino también la fortaleza de la nacionalidad de paises de la UE cuando sus titulares son ciudadanos de origen magrebí.
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