El Estado presupuesta paliar el coste del transporte de mercancías

Hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas. Y presupuestarias, podría añadir el tópico. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 del PSOE y Unidas Podemos que ya ha llegado a su fase de tramitación parlamentaria en el Senado vuelve a recoger, como desde hace cinco años, el compromiso de “subvencionar” el transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias y Baleares, donde ya se aplica, y con Ceuta o Melilla, como se estipuló que se haría desde 2017.

Por enésima vez, el documento alega que esta ampliación “deberá desarrollarse reglamentariamente, en la que se está actualmente trabajando”.

Uno de los puntos por cerrar es hasta dónde financiar el acarreo de productos. En 2017 se acordó aumentar el porcentaje máximo de compensación en 30 puntos porcentuales lo que, junto con la declaración de los créditos aplicables como ampliables, permite compensar a partir de 2018 hasta el 100% de los costes en Canarias y hasta el 65% en Baleares.

El plan ‘Por un futuro más estable y seguro’ aprobado por el Pleno en diciembre incluye entre sus claves “abaratar de manera sustancial y si es posible eliminar tanto el coste del transporte marítimo de mercancías con destino a la península como los gastos relacionados con la gestión de estas expediciones para favorecer el acceso del comercio local a otros mercados y formatos”, pero su plasmación sigue en un limbo político.

La garantía constitucional que se celebra

El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978 encomienda al Estado la garantía de la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Ese principio de la celebrada, ayer mismo en Madrid, el viernes en Ceuta para guardar el puente, Carta Magna, no se ha “desarrollado” todavía para Ceuta y Melilla, aunque desde hace casi un lustro un gobierno tras otro repite en los Presupuestos Generales del Estado la promesa de hacerlo.