“Espero que se llegue a una solución con la aduana comercial”

–¿Qué papel tienen que jugar en estas elecciones europeas las ciudades de Ceuta y Melilla?¿Qué ofrece en Europa a las dos ciudades un partido como el PSOE que le diferencia del resto de formaciones políticas?

-Ceuta y Melilla son reconocidas, en España y en el resto de la Unión Europea, por su específico status de ciudades-autónomas, por su ubicación geográfica, por su singular composición poblacional, por su papel en los flujos migratorios, por su ejemplo de integración y convivencia intercultural e interreligiosa… Por todo ello están llamadas a jugar, y de hecho ya juegan, un papel fundamental no solo en el proceso electoral, sino en el desarrollo y avance de la construcción europea.

La prioridad del PSOE son las personas. Mejorar la vida de la gente garantizando y mejorando los sistemas públicos de sanidad y educación, las pensiones, la igualdad de oportunidades, luchar contra la violencia de género, hacer frente al cambio climático… Esto es lo que ofrece PSOE, y lo que hace el partido socialista cuando gobierna y por lo que pelea cuando está en la oposición. Para los ciudadanos y ciudadanas de toda España.

Y de manera específica, el compromiso del Gobierno de Sánchez para el impulso económico de Ceuta y Melilla se ha traducido en propuestas concretas, como la revisión integral para modernizar y actualizar el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta y Melilla, el desarrollo del Real Decreto por el que se regula la compensación al transporte de mercancías con origen o destino para reducir los costes del transporte hasta hacerlo competitivo, el desarrollo y la aplicación de medidas para impulsar la actividad económica, turística y comercial, así como el establecimiento de un plan de inversiones en infraestructuras específico para las ciudades autónomas.

-Un problema esencial en las dos ciudades es la cuestión fronteriza. ¿Desde Europa se puede presionar a Marruecos para que, por ejemplo, reconozca frontera comercial con las dos ciudades?

-Tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, en septiembre se creó un grupo de trabajo entre España y Marruecos para analizar el estado de la aduana comercial, y espero que se llegue a una solución más pronto que tarde que beneficie a la ciudadanía.

-¿Europa debería mojarse más en el problema migratorio?

Desde la trágica llegada de un millón de personas en 2015, la mayoría sirias que huían de la guerra, la UE ha sido incapaz de reformar su sistema de asilo común para adaptarlo a futuras crisis. Los Estados miembros solo acogieron al 21,7% de los solicitantes de asilo que les fueron asignados en cuotas en 2016 para apoyar a Grecia e Italia. En particular, el Gobierno de Rajoy acogió a 1.980 refugiados de un total de 17.337 desde el inicio del programa. El bloqueo de los gobiernos conservadores y de ultraderecha ha impedido una reforma del Reglamento de Dublín para dar solución a este drama humanitario.

La UE necesita una política común de asilo y migración justa, basada en la responsabilidad y la solidaridad compartidas entre los Estados miembros, así como en la cooperación con los países de origen y tránsito. Asimismo, la UE debe abordar las causas fundamentales de la migración, incluido el cambio climático. Esto requerirá una nueva asociación con África y un Plan Integral Europeo de Inversiones para África.

-¿Con su experiencia europea entiende que la UE sabe, de verdad, que tiene dos fronteras en territorio africano?

-La UE considera que la cooperación con los países de origen y tránsito es un aspecto que debe potenciarse, en especial con los socios del norte de África. La cooperación con Marruecos es clave para reducir las llegadas irregulares a España. Eso incluye seguir aplicando el plan propuesto por el Gobierno de España en la UE para ayudar a Rabat en la gestión fronteriza – dotado con 140 millones – y retomar las negociaciones sobre readmisión, visados y migración legal.

-¿Podrán seguir contando las ciudades de Ceuta y Melilla con fondos procedentes de Europa?

-La política de cohesión constituye la principal política de inversión de la UE con un presupuesto de aproximadamente 350.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 (casi un tercio del presupuesto total de la UE). Durante el periodo 2007-2013, la política de cohesión creó un millón de empleos (un tercio de los empleos creados en la UE en ese periodo) y generó 3 euros de PIB adicional por cada euro invertido. Entre 1989 y 2020, España habrá recibido de la UE casi 190.000 millones de euros.

Uno de los principales éxitos de los socialdemócratas en la actual negociación del Reglamento sobre fondos estructurales para 2021-2027 es que todas las regiones de la UE continúen beneficiándose de los fondos europeos. Por tanto, Ceuta y Melilla seguirán siendo beneficiarias de los fondos estructurales.

-¿El PSOE vencerá en estas europeas al igual que ha sucedido el 28-A?

-Corresponde a los ciudadanos y ciudadanas responder a su pregunta. Con el regreso del PSOE al gobierno de la nación en junio de 2018, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la construcción europea vuelve a ser la gran prioridad de España, particularmente la dimensión política, económica, social y medioambiental de dicha construcción; porque estamos convencidos de que no hay un mejor instrumento para defender nuestros valores e intereses en el mundo que la Unión Europea.

-¿Cada vez es más importante en nuestras vidas las decisiones que se toman en Europa?

-Aproximadamente el 80% de las leyes nacionales vienen predeterminadas por actos legislativos consensuados por la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Los reglamentos y directivas de la Unión tienen un impacto real e inmediato en la vida de los ciudadanos europeos en áreas fundamentales como la política de cohesión, la Política Agrícola Común, la política monetaria, el espacio Schengen o el programa Erasmus Plus.

Por otro lado, la UE también juega un papel fundamental en la defensa de las libertades fundamentales contempladas en los tratados fundacionales. En este sentido, las instituciones comunitarias desempeñan un rol clave para evitar la exponencial deriva nacionalista de muchos de los gobiernos de los Estados miembros. La reciente paralización por parte del Tribunal de Justicia de la UE de la reforma del Tribunal Supremo de Polonia – emprendida por su gobierno ultraderechista – supone un buen ejemplo.

-¿Puede ser que en esta ocasión la mayoría del Europarlamento sea de izquierdas?

-Si queremos que el próximo Parlamento Europeo apueste por una UE progresista, federal, verde, feminista y que garantice el pleno respeto a los valores fundamentales de la Unión, necesitamos una movilización en las urnas el próximo 26 de mayo. Los socialistas buscaremos una alianza de fuerzas progresistas en la composición del próximo Parlamento Europeo para ofrecer un horizonte de crecimiento que apueste por la redistribución de la riqueza y evite la regresión en las libertades fundamentales llevada a cabo por las fuerzas de ultraderecha que condicionan la agenda de la UE.

-¿Le preocupa la irrupción de un partido como Vox en Europa?

-Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la ultraderecha y los euroescépticos tienen capacidad de formar un bloque parlamentario influyente que paralice el proceso de toma de decisiones de la Unión. Según los sondeos, estas formaciones podrían lograr un tercio de los escaños. Este resultado les proporcionaría una cuota de poder considerable en el nuevo reparto institucional, con acceso a presidencias de comisiones parlamentarias, la posibilidad de impulsar proyectos legislativos e impedir que salgan adelante iniciativas progresistas.

-¿Qué resumen puede hacer de la labor que han hecho estos últimos cinco años en Europa?

-La presión de los socialdemócratas en la actual legislatura ha logrado un hito histórico: la adopción del Pilar de Derechos Sociales por parte de los Jefes de Estado de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Gotemburgo de noviembre de 2017. En este sentido, nuestro papel ha sido decisivo para que la UE abandonara la política de austeridad radical impuesta por la mayoría conservadora que ha liderado la UE en los últimos años y que ha generado un empobrecimiento general de la clase media y trabajadora.

Las actuales cifras macroeconómicas en la UE ocultan una profunda desigualdad social y económica en la UE. Si queremos hacer frente a esta creciente desigualdad, tenemos la obligación de completar el giro social iniciado en la legislatura que ahora acaba a través de las siguientes medidas: la adopción de un Plan de Acción Social para convertir el Pilar de Derechos Sociales de la UE en normas vinculantes; el fortalecimiento de la Garantía Juvenil de empleo para los menores de 25 años y de la Garantía Infantil para erradicar el 25% de pobreza infantil en la UE; un salario mínimo europeo (actualmente solo rige en 22 de los 28 Estados miembros); un seguro de desempleo europeo complementario que apoye a los Estados miembros en caso de que se produzca un fuerte aumento del desempleo; la lucha contra la evasión fiscal; y, una reforma de la zona euro con un fondo de garantía de depósitos (para que los contribuyentes europeos no tengan que pagar por los errores del sector bancario) y un presupuesto de la zona euro que garantice las inversiones en periodos de recesión.