España quita hierro a la queja a Marruecos, pero aclara que "defenderá sus intereses"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha restado este jueves importancia a la queja formulada ante Rabat por la instalación de una piscifactoría en aguas de su jurisdicción, si bien ha apuntado que “defenderá sus intereses” en todo lo que se vea perjudicada.

Albares transmitió este mensaje después de que su departamento enviara una nota verbal de protesta a Rabat este miércoles, por la piscifactoría situada en aguas de las islas Chafarinas, de soberanía española, sin contar con los permisos necesarios para dicha actividad.

En declaraciones a los medios en Estocolmo al término de la visita de Estado de los reyes a Suecia, el ministro quitó hierro a este episodio y se mostró convencido de que no tendrá repercusiones en la relación bilateral, afectada por la crisis diplomática que ocasionó la avalancha de inmigrantes irregulares que entraron a nado en Ceuta el pasado mes de mayo y que aún no se ha zanjado de manera definitiva.

“Evidentemente, las relaciones de vecindad producen circunstancias de solapamientos o de pequeñas diferencias y, por supuesto, España, en todo lo que ataña a sus intereses, evidentemente los defenderá. Pero eso no va a empañar una relación de buena vecindad en ningún momento”, explicó.

En relación con la reunión ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que tendrá lugar en Barcelona el próximo lunes, día 29, Albares dijo desconocer si acudirán los ministros de Exteriores de Marruecos y Argelia, cuyos países mantienen rotas las relaciones diplomáticas desde el pasado mes de agosto.

Según el jefe de la diplomacia española, el listado de asistentes compete al secretariado general de la UpM, pero anticipó que será muchos los ministros que participen de manera presencial.

Por otro lado, el Ministerio de Transportes ha abierto un expediente a la empresa española que ha suministrado e instalado las jaulas marinas para la compañía marroquí concesionaria de la piscifactoría. La empresa es española y el ministerio le ha dado 20 días de plazo para retirar las jaulas si no quiere arriesgarse a una sanción por instalarlas sin autorización, vulnerando la normativa medioambiental y de seguridad marítima.