Ayer tendría que haber dado comienzo el juicio por el ‘caso Arquitecto’, en el que Miguel Marín se enfrenta a la acusación de la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación administrativa por el que le reclama ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo en la Administración Pública. Sin embargo, un error en la planificación obligó a las partes a acordar la suspensión de la vista y a aplazarla al próximo 23 de febrero.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla, encargado de este procedimiento, sólo tenía reservada una hora en el día de ayer para esta causa. Por ello, se decidió que lo mejor era posponer la fecha para que la vista pueda desarrollarse y concluir en el mismo día.
Marín llegó a los tribunales acompañado de su letrada, María José Aguilar Silveti, y del viceconsejero Francisco Villena, unos minutos antes de las 10:00 horas, cuando debía comparecer ante el juez. Una vez señalada la nueva fecha, el actual presidente del Puerto atendió a los medios de comunicación a la salida de los juzgados. “Venía a la vista oral del día de hoy (por ayer) con muchísima tranquilidad, ya que confío plenamente en la justicia”, aseguró.
Sentencias favorables
El secretario general del PP local insistió en que ya cuenta con numerosas sentencias que son firmes y que avalan que la contratación de un arquitecto, llevada a cabo cuanto ostentaba el cargo de consejero de Administraciones Públicas, se realizó de forma “totalmente legal y acorde a la propia normativa vigente en ese momento en materia de contratación”. Reiteró que así lo han resuelto varios órganos judiciales, como el Contencioso Administrativo, el Juzgado de lo Social o la propia Audiencia Provincial.
Incumplimiento “grotesco”
Aunque la Fiscalía considera que el ex consejero incumplió la normativa de forma “grotesca”, según plasma en su acusación, Marín sostuvo ayer que estaba completamente convencido de que, una vez que el juez escuchase “todas las singularidades de este procedimiento administrativo”, también fallará a su favor. “Lo que yo firmé era ajustado al derecho”, defendió ante los medios de comunicación.
Por lo pronto, el secretario general del PP de Melilla señaló que no cabía otra opción que tener paciencia y esperar a la nueva fecha del juicio. “Acudiré a la próxima vista judicial con la misma tranquilidad con la que vine a los juzgados en el día de hoy”, aseguró Marín.
Cabe recordar que en el juicio se personarán como acusación popular el sindicato Manos Limpias, Coalición por Melilla (CpM), principal partido de la oposición en la Asamblea de la Ciudad, y Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE local. En este caso, elevan la petición de condena de la fiscal, pidiendo para Marín diez años por el supuesto delito de prevaricación administrativa.
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