La “mayoría” de las empresas y autónomos que fueron contratados por la Administración local para la feria de promoción turística Universo Melilla, que se desarrolló en Málaga entre el 6 y el 12 del pasado marzo, denunciaron ayer que aún no han cobrado por este servicio, pese a haber transcurrido más de 60 días, el doble del plazo legal, fijado en 30.
En un comunicado remitido a El Faro, estas compañías aseguran que la Ciudad “tiene un plazo máximo por ley de 30 días desde la emisión de facturas y por lo tanto desde el término del servicio prestado para pagar a los proveedores”. Del mismo modo, fuentes cercanas a las entidades denunciantes aseguran que las empresas afectadas son al menos ocho.
Contratación
Dichas compañías o particulares fueron contratadas por varias consejerías y viceconsejerías, como Turismo, Cultura o Presidencia, pero apuntan a la de Hacienda como traba para que les llegue el pago correspondiente al servicio.
El Faro intentó ayer contactar con la titular de esta área del Gobierno local, Esther Donoso, que no respondió a la llamada de este periódico.
Las empresas, por su parte, aseguran en el comunicado que no es la primera vez que les pasa esto con el Ejecutivo. Apuntan que “la excusa” de antes era achacar el problema al interventor y no entienden cómo, tras el cambio en esta institución, sigue ocurriendo lo mismo.
También afirman estas compañías que llevan llamando a Contabilidad de la Ciudad desde hace 30 días para saber qué ha pasado con su retribución. “La respuesta es siempre la misma, que la tiene la interventora o la consejera, pero aún no sabemos nada”.
Cumpliendo la ley
Además, en el comunicado, las entidades dejan claro que, según les consta, “todos los procedimientos de adjudicación para esta exposición se han hecho cumpliendo la ley a rajatabla”. Afirman que así se lo han comunicado los directores generales de las distintas áreas. “A día de hoy a nadie se le ha informado de lo contrario”, sentencian.
“Mendigar pagos”
Las empresas apelan a la sensibilidad de la Administración, alegando que detrás de estas entidades hay personas con familias y gastos que necesitan esos ingresos para vivir. “Mendigar pagos por servicios realizados a la administración no es algo que quien gobierna deba permitir”, concluye el comunicado.
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