La empresa que lleva a cabo la vigilancia de seguridad de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) logra hacerse con un contrato de seis meses con un coste de adjudicación de 2.452.309 euros. Así se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado, en la que se indica que se ha adjudicado a Sureste Seguridad este contrato y, por lo tanto, seguirá prestando este servicio que ya realizaba. Es la única empresa que se presentó a este negociado sin publicidad y se mantendrá en vigor este acuerdo hasta que se resuelva el contrato mayor por emergencia que hay abierto para adjudicar este mismo servicio. De hecho, todo lo relacionado con vigilancia de seguridad de las instalaciones y dependencias de la CAM han supuesto una maraña administrativa y además, que el PP denunciara en los juzgados a las consejeras de Hacienda, Dunia Almansouri, y de Presidencia, Gloria Rojas, por presunta prevaricación. Fue hace un par de semanas cuando fueron a declarar por este asunto a los tribunales. Pero este tema va más allá de los rifirrafes políticos porque los trabajadores han denunciado a esta misma empresa por incumplir los contratos y los sindicatos también han llevado este asunto a la inspección y a los juzgados por el mismo motivo.
Los detalles del contrato
Pero la adjudicación de este contrato por negociado sin publicidad tampoco ha sido un asunto sencillo. La empresa ha tenido que justificar en numerosas ocasiones que cuenta con los requisitos para realizar su labor, como se recoge en el acta de resolución publicada en la Plataforma de Contratación del Estado. Son cuatro empresas a las que se propuso participar: Eulen Seguridad, Prosetecnica, Seguridad Integral SECOEX y Sureste Seguridad. Pero dentro del plazo solo se presentó esta última que es la que actualmente lleva el servicio. El proceso de la mesa de contratación comenzó en agosto. En ese mes se recibieron dos escritos y luego otros dos más en septiembre de una ciudadana, que habría trabajado para Sureste y que denunciaba una serie de incumplimientos de esta empresa. Pero la mesa de contratación estima que esta persona no está legitimada para presentar alegaciones porque no participa del proceso de licitación. Por lo tanto, desestimó admitir los escritos de esta persona. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, la mesa de contratación analizó algunas cuestiones “con el fin de garantizar la legalidad del acuerdo adoptado y la debida protección del interés público”. Por ello, se demandó a esta empresa que aclarara si contaba, por ejemplo, con una sede o sucursal en la ciudad. Estas peticiones se realizaron el 9 y 16 de septiembre. La empresa respondió el 13 de septiembre que la exigencia de tener una sucursal puede figurar como una condición de ejecución del contrato, “pero no como un requisito de aptitud de contratar por lo que no le corresponde a la mesa su control en esta fase del procedimiento”. La mesa de contratación responde entonces que es cierto que la doctrina considera que los criterios de arraigo territorial no pueden ser ni requisitos de solvencia ni criterios de adjudicación, pero añade una cuestión más. En contra de lo que alega la empresa, la mesa de contratación indica que este tema se tiene que resolver teniendo en cuenta las disposiciones que hay en la norma de contratación pública completándose con las específicas de materia de seguridad privada. Y añade que la normativa describe que los contratistas deben contar con una habilitación empresarial o profesional y esta mesa lo considera como un requisito de legalidad y aptitud para contratar y no de calidad o solvencia técnica. Además, en el caso de la seguridad privada, para que puedan prestar servicio deben tener una autorización administrativa por el procedimiento que indica la norma e inscribirse en un registro de este tipo de negocios que tiene el Ministerio del Interior. Tras reflejarse en el acta las resoluciones de los tribunales sobre si es necesario contar con una sede para concurrir al contrato o sobre esta autorización administrativa, la mesa explica que el 7 de septiembre se recibe un documento fechado el 16 de julio de este año de la Policía Nacional que indica que la empresa está inscrita en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior y está autorizada para ejercer actividades de vigilancia. Con ello la mesa de contratación da por acreditado el primero de los requisitos de habilitación profesional, pero no el segundo relativo a la autorización administrativa relativa al ámbito territorial del contrato que es Melilla, se describe en el documento. Por ello, la mesa de contratación en su sesión del 16 de septiembre acordó solicitar a la empresa una aclaración respecto a si a fecha 15 de septiembre, que era el día del fin de presentación de documentación previa a la adjudicación, disponía de una delegación autorizada con armero en Melilla registrada en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, y le requirió esta documentación que lo acreditara. La empresa respondió el 27 de septiembre con un escrito de la Policía Nacional fechado el 21 de ese mismo mes indicando que le consta una delegación en la calle Violeta en Melilla y adjunta un escrito de la Unidad Central de Seguridad Privada que asevera que existe un armero. “En base a todo lo anterior, la mesa entiende que la documentación aportada acredita el cumplimiento de los dos requisitos contemplados en la doctrina expuesta, concluyendo, que el licitador posee la habilitación profesional requerida para resultar adjudicatario del presente contrato”, se describe en el acta. Asimismo, la empresa confirma que hay habilitación empresarial o profesional al estar inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Asimismo, recoge que el hecho de contar con una sede y con los permisos para ello debe ser objeto del control en la ejecución del contrato y no de la mesa de contratación porque no son sus funciones. Incluso la empresa entregó el 3 de septiembre una declaración responsables indicando que disponía y tendrá cuando resulte adjudicataria del contrato de una delegación en Melilla. Sin perjuicio de lo anterior la mesa acordó trasladar al área de Seguridad Ciudadana la advertencia de que en fase de ejecución se compruebe de manera rigurosa el requisito exigido y, en caso contrario, se podrían poner penalidades o resolverse el contrato. Una vez analizadas todas estas cuestiones, la mesa de contratación analizó los otros documentos y se comprobó que se podía proponer para ser la adjudicataria del servicio. De forma que la resolución de la mesa fue la siguiente: se inadmiten los escritos presentados por una ciudadana que estuvo vinculada a esta empresa porque no considerarse que esté legitimada para ello y se eleva a al órgano de contratación que Sureste se quede con el contrato de un valor de 2.452.309 euros. La empresa aporta las siguientes mejoras: un plan de conciliación de la vida personal y laboral, 50 horas de formación del personal en seis meses; mejoras en la plantilla al superar el 65% los contratos indefinidos; facilitar el correos electrónico de la empresa para las quejas y reclamaciones de los trabajadores y una bolsa de 500 horas para seis meses.