Empleados públicos laborales de la CAM denuncian la desigualdad retributiva

Desde hace más de un año y medio, los empleados públicos laborales de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) continúan enfrentando una situación de desigualdad retributiva respecto a los funcionarios, lo que ha generado cuestionamientos sobre la existencia de una “clase A” y una “clase B” dentro de la administración local. Según la Plataforma de Laborales Fijos de la CAM, el problema surge en categorías en las que tanto funcionarios como personal laboral fijo desempeñan funciones idénticas, pero los primeros perciben una mayor valoración de puesto de trabajo, lo que se traduce en un salario superior. Para los laborales fijos, en cambio, la valoración de puesto es menor y, por tanto, la remuneración también lo es, constituyendo un “agravio comparativo” a juicio de los afectados.

La Plataforma recuerda que en abril de 2025, la Consejera de Administración Pública, Marta Fernández de Castro, reconoció públicamente la existencia de este “agravio comparativo” y anunció su intención de realizar la Valoración de Puestos de Trabajo también para los laborales. Sin embargo, cerca de un año después, esta medida no se ha llevado a cabo, generando descontento entre los más de 300 empleados públicos fijos de la CAM.

Otro aspecto señalado por la Plataforma es la exclusión del personal laboral de los procesos de promoción interna incluidos en la última Oferta de Empleo Público 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (BOME) núm. 6.360, de 10 de marzo. Según explican, todas las promociones internas están reservadas a plazas en régimen funcionarial, sin reconocer el derecho del personal laboral fijo a participar en estos procesos. La plataforma recuerda que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 19.1 que “el personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional”.

La jurisprudencia también respalda esta posición, ya que distintos Tribunales Superiores de Justicia, como el TSJ de Andalucía (Málaga) y el TSJC (Cataluña), han reconocido que el personal laboral fijo no puede ser discriminado frente a los funcionarios de carrera, permitiéndoles acceder a la funcionarización en igualdad de condiciones. Sin embargo, la CAM no ha hecho efectivo este derecho, según denuncian los representantes de los empleados laborales.

En el BOME EXTRA núm. 5, publicado el 10 de marzo, relativo a la Aprobación de la Plantilla Orgánica 2026, la administración reconoce en el apartado V la existencia de diversas plazas ocupadas por personal laboral que corresponden a categorías ya contempladas en el régimen funcionarial. La nota administrativa subraya que “mantener plazas laborales desempeñando funciones idénticas a las ya atribuidas a puestos funcionariales supone una disfunción de gestión, control y carrera profesional”. Además, se indica que la reconversión a plazas funcionarias permitirá una “gestión más eficiente de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), evitando duplicidades de categorías y mejorando la planificación de recursos humanos”.

A pesar de reconocer la necesidad de unificar los regímenes jurídicos, la administración limita actualmente el derecho a funcionarizar a las jubilaciones del personal laboral, señalando que las plazas se convertirán en funcionario “para su posterior publicación en OEP y convocatoria pública”. Para la Plataforma, esta restricción carece de sentido, ya que los empleados fijos solicitan poder optar a la funcionarización durante su vida laboral, no únicamente al finalizar su carrera.

La Plataforma también recuerda que, a nivel local, el IX Convenio colectivo del Personal Laboral de la CAM establece en su artículo 11.6 que “se adoptarán los acuerdos necesarios para el desarrollo de la promoción horizontal y la cruzada”, haciendo referencia a la posibilidad de que el personal laboral acceda a plazas de personal funcionario. Asimismo, destacan ejemplos en otras administraciones, como Ceuta, donde aproximadamente 300 empleados públicos podrán participar en el proceso de funcionarización, así como en ciudades como Jaén, Valladolid o Cartagena, donde los ayuntamientos han iniciado cambios en el régimen jurídico de sus empleados para cumplir la normativa europea.

En este contexto, la Plataforma espera que estos puntos sean corregidos y que se avance hacia la igualdad efectiva entre todos los empleados públicos de la Ciudad Autónoma. Los laborales fijos insisten en que se garantice su derecho a la promoción profesional y a la equiparación retributiva, evitando que persistan diferencias que consideran injustas y que afectan a la motivación y reconocimiento de su labor en la administración local.

La reivindicación central del colectivo se centra en que la CAM implemente medidas concretas que permitan la funcionarización y la homogeneización de las condiciones laborales, de manera que todos los empleados públicos puedan desempeñar sus funciones en igualdad de oportunidades y con un salario acorde a la responsabilidad y tareas que desarrollan a diario.