La Junta de Personal Docente no Universitario volvió a concentrarse durante la mañana del jueves frente al IES Miguel Fernández para denunciar la violencia que, según sostienen, sufre el profesorado y reclamar medidas urgentes a las administraciones educativas. Durante la convocatoria se procedió nuevamente a la lectura del manifiesto, en esta ocasión a cargo de Luis Escobar, Elvira Sánchez, Ricardo Jimeno, Daniel Aguilar, Juan Pedro Arana, Sonia Heredia y Amalia Muñoz, mientras el resto de docentes acompañaban y sostenían la pancarta reivindicativa a las puertas del centro.
Miembro de la Junta de Personal Docente no Universitario, Elvira Sánchez, advirtió durante su intervención que, aunque los casos de agresiones puedan considerarse “excepcionales”, su gravedad genera una “sensación de indefensión” entre el profesorado. Según explicó, los docentes perciben que no cuentan con suficiente respaldo institucional ante determinados episodios.
Sánchez señaló que la normativa vigente en relación con la organización de los centros y el sistema sancionador “está desfasada” y no contempla adecuadamente las nuevas formas de violencia que se producen entre el alumnado y el conjunto de la comunidad educativa. En este sentido, subrayó que se trata de una llamada de atención “con mucha fuerza” a las instituciones y administraciones educativas.
Elvira Sánchez insistió en que, aunque no se esté produciendo un incremento “exponencial” de agresiones, “una sola agresión al profesorado debe ser considerada muy importante y muy relevante”. También hizo referencia al desgaste creciente en equipos directivos y docentes, así como al impacto emocional que estas situaciones provocan en la autoestima y la motivación del profesorado. “No se puede venir con miedo”, afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de contar con estrategias que permitan resolver los conflictos de manera pacífica junto a las familias y el alumnado. Asimismo, destacó la importancia del apoyo familiar y de reforzar la colaboración entre profesores y familias, insistiendo en que ambas partes deben actuar unidas en beneficio del alumnado.
Lectura de manifiesto
Los representantes sindicales dieron lectura al manifiesto en el que se detallan datos obtenidos a través de informes y encuestas realizadas a distintas organizaciones . Según el documento, el 59% de los docentes en Ceuta y Melilla afirma haber sido víctima de violencia en el aula, una proporción superior a la media estatal (53%).
El texto recoge que el 86% del profesorado de Melilla percibe un aumento de agresiones como insultos, amenazas y mofas por parte del alumnado, mientras que casi el 79% constata un incremento de agresiones procedentes de las familias. Además, uno de cada cinco docentes asegura sufrir varios tipos de violencia de manera simultánea, lo que, según el manifiesto, refleja un deterioro del clima escolar.
La Junta sostiene que las respuestas institucionales ante estas situaciones continúan siendo “desiguales e insuficientes”, lo que incrementa la percepción de indefensión entre los profesionales. También advierte de consecuencias como el aumento de bajas laborales y el abandono de la profesión.
Entre las medidas exigidas, el colectivo reclama una protección efectiva e inmediata, mediante la implantación de protocolos de prevención y actuación claros, homogéneos y obligatorios en todos los centros educativos, así como un sistema de denuncia accesible y transparente que garantice la seguridad jurídica y emocional del profesorado. También solicitan el refuerzo de los equipos de convivencia, orientación y la atención psicológica a docentes que hayan sufrido agresiones.
En segundo lugar, demandan un reconocimiento real de la autoridad docente, con medidas legislativas que refuercen su papel en el ejercicio de la labor educativa y campañas institucionales que promuevan el respeto explícito hacia el profesorado por parte del alumnado y sus familias.
Asimismo, reclaman formación y medios adecuados, incluyendo programas específicos en gestión de conflictos, ciberconvivencia y prevención de la violencia escolar, así como recursos suficientes para atender la diversidad en el aula y reducir la carga burocrática. Entre las propuestas figura la bajada de ratios en grupos conflictivos para revertir dinámicas antisociales.
El manifiesto concluye señalando que la violencia contra el profesorado constituye una amenaza directa contra el sistema educativo y apelando a un compromiso colectivo firme de administraciones, familias, alumnado y organizaciones sindicales para proteger y dignificar la labor docente.
Esta nueva concentración se produce después de movilizaciones anteriores en las que el colectivo ya había reclamado medidas concretas y urgentes para erradicar la violencia contra los profesionales de la educación en Melilla.