El TS advierte al Gobierno de sanciones si no acoge a los menores solicitantes de asilo

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno la urgente adopción de medidas en relación al millar de menores no acompañados en Canarias que están interesados en pedir asilo y ha advertido de que, en caso de un nuevo incumplimiento de lo ordenado, podrá imponer medidas coercitivas a los responsables. En un nuevo auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha asegurado que en la vista celebrada el pasado 29 de mayo para que el Gobierno explicase las medidas adoptadas hasta ahora, se constató el "claro incumplimiento" de la medida cautelar acordada el 25 de marzo, a petición del Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo reconoció que no había evaluado aún a ningún menor en los dos meses transcurridos desde la orden ni había elaborado una relación completa y precisa de los jóvenes afectados, subraya el auto. Los magistrados insisten en que, hasta el momento, "la Administración estatal ni se ha implicado eficazmente en garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida que resultan de su competencia ni ha adoptado medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes".

Por ello, vuelve a instar al Ejecutivo a la adopción de una serie de medidas, como que en un máximo de 30 días dote a las oficinas de los medios necesarios para tramitar las solicitudes de asilo en un tiempo razonable, de modo que no puedan transcurrir más de 6 días entre la manifestación de la voluntad de pedir protección internacional y la formalización de la solicitud.

También exige que, en el plazo improrrogable de 15 días, se articule la colaboración necesaria con Canarias para poner a su disposición los medios necesarios para garantizar el acceso de los menores al sistema de acogida estatal para solicitantes de asilo.

Pide identificar a los responsables del cumplimiento de estas medidas de cada Ministerio afectado "presumiéndose, en otro caso, que serán quienes sean titulares del correspondiente Departamento Ministerial".

Los Ministerios con competencias en esta materia son el del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, como responsable de tramitar las solicitudes de protección internacional, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz al frente, que gestiona el sistema de acogida para solicitantes de asilo. De todas estas medidas, señala el auto, deberá dar cuenta detallada el Gobierno a la Sala cada 15 días "hasta su completo cumplimiento", con la advertencia de que se adoptarán las medidas coercitivas previstas en la ley en caso de no ser atendido este requerimiento.

La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que la Sala puede imponer, en estos casos, multas coercitivas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que hayan incumplido con el requerimiento o deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El auto recuerda que estos niños y adolescentes tienen una serie de derechos, no solo materiales o asistenciales, que deben ser garantizados y que en la actualidad siguen sin ser reconocidos o no lo están siendo en su extensión debida, "a pesar de tratarse de personas en evidente situación de vulnerabilidad y necesidad".

La Sala enumera estos derechos, como el de ser documentado como solicitante de protección internacional, lo que lo acredita como autorizado a permanecer en España mientras se tramita su solicitud; tener asistencia jurídica e intérprete o la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición. De todos estos derechos, el auto precisa que son competencia exclusiva del Estado los que se refieren a la tramitación de las solicitudes de asilo y de "competencia compartida" con las comunidades autónomas los que tienen que ver con las condiciones materiales de acogida, que ahora mismo asume solo Canarias.

El auto señala, además, que los "evidentes retrasos y deficiencias" en la tramitación de las solicitudes, de hasta un año de espera, están privando a los menores, durante un extenso periodo de tiempo, del acceso a buena parte de estos derechos.