El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para investigar la contabilidad de cuatro contratos de emergencia del anterior Gobierno, todos ellos relacionados con acciones durante la pandemia del covid y vinculados al área de Salud Pública y la desaparecida Consejería de Distritos. El propio tribunal ha dado conocimiento de su decisión al Consejo de Gobierno, que en su reunión de este martes se ha dado por enterado de la necesidad de nombrar a un instructor para que ponga en marcha las pesquisas.
Ha sido la Fiscalía de este órgano de control económico la que ha instado al tribunal a abrir la causa por las posibles irregularidades cometidas en esas contrataciones, según apuntó el portavoz del Gobierno en funciones, Daniel Conesa. Éste indicó que es posible que se deriven “responsabilidades contables” de esos contratos de emergencia, que se llevaron a cabo sin publicidad.
De forma concreta, Conesa manifestó que uno de los contratos tiene un importe de 296.000 euros y corresponde al servicio de gestión del laboratorio de Salud Pública de la Ciudad Autónoma. En ese sentido, el portavoz del Gobierno dejó claro que no se trata de la construcción (“esa es otra historia que está investigándose por otro sitio”, dijo) sino de “responsabilidad contable”.
El segundo contrato que afecta a Salud Pública tiene un importe de 133.200 euros y se refiere al suministro de 20.000 tests covid, mientras que el tercero supuso un gasto de 85.740 euros por el suministro de equipos sanitarios durante la pandemia.
El cuarto y más importante de todos asciende a dos millones de euros, pertenece a la Consejería de Distritos y tiene que ver con la gestión integral del Centro de Menores que se montó en el Fuerte de Rostrogordo.
“Son todos contratos de emergencia y se hicieron aprovechando la coyuntura. Es un auto de Tribunal de Cuentas que hemos conocido este martes. Ahora comienza el trámite del procedimiento y ya veremos qué pasa”, explicó Daniel Conesa, quien dejó claro que cualquier responsabilidad económica que se derive de la investigación tendrá que ser asumida y pagada por los propios políticos implicados de su bolsillo.
Además, el Consejo de Gobierno también conoció oficialmente la decisión del Tribunal de Cuentas de archivar la investigación sobre los convenios suscritos entre la asociación Lal la Buya y la Consejería de Cultura durante el último Ejecutivo que presidió Juan José Imbroda entre 2015 y 2019.
A ese respecto, Daniel Conesa recordó cómo “demonizó” el Gobierno PSOE-CpM a esa organización de mujeres vulnerables y cómo de forma permanente aludían a la investigación del Tribunal de Cuentas para arremeter contra los populares. “Todo eso ha sido archivado”, afirmó el portavoz para dejar claro que “no había ninguna responsabilidad” y que aquellos convenios que se firmaron entre las dos partes “eran correctos”. “Los argumentos en nuestra contra por parte del Gobierno anterior, a la basura”, comentó.
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