El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado que tiene preparada una querella "por malversación y prevaricación administrativa" si el Gobierno decide mandar a Waterloo a policías nacionales españoles para que escolten al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. La organización entiende que se podrían cometer delitos en el caso de que se comisionara a funcionarios de este cuerpo a custodiar a un huído de la Justicia antes de que entre en vigor la ley de amnistía.
Para los miembros del SUP, concederle esa escolta a Puigdemont "constituiría un desvío de dinero público injustificable y el responsable que dicte a sabiendas de su injusticia dicha resolución favorable, será denunciado ante la autoridad judicial, bien sea la Secretaría de Estado de Seguridad u otra Administración. Mientras la ley de amnistía no entre en vigor, Puigdemont es un prófugo que se ha sustraído de la acción de la justicia y sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención", explica el SUP.
En ese sentido, el sindicato recuerda que dos asesinados por ETA, como el socialista Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco, fueron blanco de los terroristas sin que nadie les hubiera proporcionado una escolta policial, "cuanto menos aquel que busca como único fin humillar y someter a las instituciones del Estado".
Carles Puigdemont ha pedido escolta policial a España porque entiende que está en peligro su integridad física después de los pactos alcanzados con el PSOE para investir presidente a Pedro Sánchez que incluye, entre otros asuntos, la ley de amnistía y la condonación a Cataluña de 15.000 millones de euros, un 20% de su deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Durante los últimos días, la Generalitat catalana y el Ministerio del Interior de Grande-Marlaska se han tirado la pelota de uno a otro a costa de quién es el competente a la hora de destinar esa escolta a Waterloo, donde vive el prófugo de Junts.
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