El Senado aprueba una propuesta del PP sobre los ascensos honoríficos de los militares

El Senado ha aprobado este miércoles una Proposición de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) destinada a modificar la Ley 39/2007, de la carrera militar, en su disposición transitoria décimotercera, con el objetivo de facilitar los ascensos honoríficos a militares que hayan sido apartados del servicio activo por causas de salud ajenas a su voluntad.

La medida, presentada y defendida por el senador del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, y por el portavoz adjunto del GPP, José Antonio Monago, propone eliminar el requisito de un mínimo de veinte años de servicio activo para poder acceder a un ascenso honorífico al pasar a la reserva.

Actualmente, dicha exigencia legal impide que muchos militares que sufren una pérdida de condiciones psicofísicas sobrevenida por enfermedad o accidente no imputable a ellos puedan acogerse a este reconocimiento simbólico. Gutiérrez argumentó que se trata de una medida de justicia para quienes han sido apartados prematuramente del servicio activo y no han podido completar su carrera por motivos ajenos a su desempeño.

“A quienes causan baja con menos de veinte años de servicio no les queda ni compensación material ni moral”, denunció Gutiérrez en su intervención. “No hablamos de un privilegio, sino de evitar un perjuicio”.

El senador melillense subrayó que el ascenso honorífico no supone un gasto para el erario público, ya que no modifica ni pensiones ni escalafones, y no tiene incidencia en la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas. La modificación planteada sustituye el requisito de tiempo de servicio por una cláusula que evalúa si la contingencia que motivó la baja no es achacable al militar por imprudencia, negligencia, mala fe o impericia.

Este criterio ya se utiliza para determinar si una baja puede ser considerada en acto de servicio, por lo que su aplicación para valorar la concesión de un ascenso honorífico responde a una lógica legal coherente y previamente establecida.

Gutiérrez también llamó la atención sobre cómo la ley actual afecta especialmente a los militares más jóvenes dentro de cada escala, como sargentos y tenientes, quienes lógicamente tienen menos posibilidades de acumular los años necesarios de servicio. En sus palabras, “los más perjudicados por esta restricción son quienes se ven obligados a dejar las Fuerzas Armadas sin haber llegado siquiera a consolidar una carrera profesional completa”.

Respaldo previo

El GPP recordó que esta medida ya ha sido debatida y aprobada en el Congreso de los Diputados en tres ocasiones anteriores, como proposición no de ley en la Comisión de Defensa: en 2018, 2020 y 2024. En la última ocasión, celebrada en junio de 2024, obtuvo un apoyo mayoritario de 34 votos a favor y solo 2 abstenciones, lo que demuestra un consenso parlamentario transversal.

“Es por ello que esta Proposición de Ley recoge el respaldo prácticamente unánime de los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales durante esta legislatura”, añadió el senador.

Por su parte, José Antonio Monago destacó el carácter simbólico y humano de la propuesta: “Estamos hablando de personas, de militares, de servidores públicos que vieron truncada su carrera no por falta de mérito, sino por una causa sobrevenida, injusta y a veces cruel”.

El portavoz adjunto del GPP insistió en que este tipo de medidas hablan del compromiso moral del Estado con quienes le han servido: “Este ascenso no cuesta nada, no altera una pensión ni afecta a escalafones, pero sí dice mucho de nosotros como país, como instituciones y como sociedad”.

Monago concluyó su intervención afirmando que esta iniciativa representa un acto de gratitud, justicia simbólica y reparación moral. “No es una cuestión de partidos, sino de humanidad. Porque ninguna sociedad decente deja atrás a quienes han servido con honor”.

Tras su aprobación en el Senado, el texto de la Proposición de Ley será remitido al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación legislativa ordinaria. Si logra el respaldo de la Cámara Baja, se convertirá en ley y modificará formalmente la normativa vigente sobre la carrera militar.