El Senado activa un conflicto de atribuciones tras la paralización de la ley del 50% de la Seguridad Social

El Partido Popular ha vuelto a exigir la recuperación de las bonificaciones del 50% a las cuotas patronales de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla en los mismos términos en que fue aprobada en 2004 y ha denunciado el bloqueo sistemático que, a su juicio, ejerce la Mesa del Congreso de los Diputados sobre esta y otras iniciativas legislativas impulsadas desde el Senado.

El PP sostiene que esta medida es “fundamental” para la competitividad de las empresas locales y para el mantenimiento del empleo en las dos ciudades autónomas, debido a las condiciones económicas particulares que sufren por su situación geográfica y fronteriza. El partido considera “inadmisible” que una ley de tal importancia esté siendo frenada de forma deliberada en el Congreso, pese a haber sido aprobada en la Cámara Alta.

Ante esta situación, el Senado ha activado el mecanismo constitucional del conflicto de atribuciones, una herramienta jurídica prevista en la Carta Magna que permite a una cámara defender sus competencias frente a una supuesta invasión por parte de la otra. Esta acción institucional, calificada por el PP como “sin precedentes recientes”, busca que el Congreso respete las funciones legislativas que la Constitución otorga al Senado y permita la tramitación de las iniciativas remitidas.

Según denuncia el PP, esta ley lleva más de sesenta ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas, una práctica que impide su tramitación real. La formación habla de una “maniobra de obstrucción” por parte del Gobierno y de sus socios parlamentarios en la Mesa del Congreso, que estaría afectando a más de 35 leyes procedentes del Senado. Entre ellas, destacan especialmente la que busca reactivar las bonificaciones a la Seguridad Social para Ceuta y Melilla, consideradas vitales por empresarios y sindicatos locales.

“El bloqueo es intencionado y perjudica directamente a miles de trabajadores y empresas”, ha afirmado el PP, que advierte del impacto negativo que esta situación está teniendo sobre la economía local. La eliminación de las bonificaciones ha supuesto un encarecimiento de los costes laborales para las pymes y autónomos de las dos ciudades, lo que ha llevado a numerosas entidades empresariales a reclamar su restitución ante el riesgo de cierres, pérdida de empleo y deslocalización de inversiones.

Como parte de su ofensiva política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció hace semanas que, llegado el caso, el PP estaría dispuesto a llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional. Tal como adelantó El Faro de Melilla, el partido amenaza con presentar un recurso contra lo que considera una vulneración de los principios democráticos, al paralizarse de forma sistemática las propuestas legislativas de la oposición. Feijóo acusa al Gobierno de utilizar su mayoría en la Mesa del Congreso para obstaculizar el funcionamiento del poder legislativo y “acallar la voz del Senado”.

La bonificación del 50% a las cuotas empresariales de la Seguridad Social fue implantada en 2004 como parte de un paquete de medidas específicas para las dos ciudades autónomas, con el objetivo de compensar su lejanía del territorio peninsular, su elevada tasa de desempleo y su dependencia de sectores como el comercio y los servicios.

Su retirada y posterior conversión en una bonificación solo para contratación indefinida ha sido ampliamente cuestionada, tanto a nivel político como social, y se ha convertido en un punto central del debate económico sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Además, el Gobierno nacional puso fecha límite para la aplicación de este 50% de rebaja en la cuota patronal a la Seguridad Social en 2026.