La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), al que pertenece el sector en Melilla, ha manifestado su oposición al anteproyecto de ley del Gobierno de España que propone reducir la jornada laboral máxima semanal a 37,5 horas. Según el sector, esta medida pondría en riesgo la viabilidad de muchas micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la panadería y la repostería artesana y tradicional.
En un comunicado oficial, CEOPPAN ha subrayado que su sector agrupa a más de 12.000 empresas en toda España, con más de 35.000 puntos de venta propios, la mayoría de ellos establecimientos familiares de empresarios autónomos. Destacan que las panaderías y pastelerías forman parte esencial del comercio de proximidad y la economía circular en ciudades y pueblos del país.
Desde la organización han señalado que en los últimos años han realizado importantes inversiones para modernizar sus procesos y ofrecer productos más saludables y sostenibles. Sin embargo, han enfrentado grandes dificultades debido a la competencia de la panadería industrial, supermercados y franquicias, así como a un marco legislativo cada vez más exigente.
Además, el sector aún arrastra las consecuencias económicas de la pandemia y el incremento de los costes de producción, incluyendo energía, materias primas, envases y alquileres. En este contexto, consideran que la reducción de la jornada laboral supondría una carga adicional difícil de asumir, amenazando la continuidad de muchas empresas y el empleo en el sector.
CEOPPAN recuerda que las asociaciones y gremios del sector llevan más de 50 años negociando convenios colectivos adaptados a la realidad de cada territorio, asegurando condiciones favorables tanto para empresarios como para trabajadores. Consideran que estos acuerdos sectoriales son el mejor mecanismo para regular la jornada laboral sin poner en peligro la competitividad y sostenibilidad de las panaderías y pastelerías tradicionales.
Por estos motivos, la confederación ha expresado su total rechazo a la medida y advierte sobre el posible impacto negativo que podría generar en un sector clave para el comercio de proximidad y la economía local.
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