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El sector de Justicia, afectado también por la ausencia de aseguradoras

El PP continúa expresando su preocupación por "la dejación de funciones" del Gobierno de Sánchez en este asunto

El sector de Justicia tambié se ve afectado por la huída de las aseguradoras de su mutua Mugeju, que no va a contar de futuro con Mapfre, compañía que ha decidido no presentarse a la licitación tras analizar el pliego de condiciones publicado recientemente por el Ministerio de Justicia. Esta mutua atiende a jueces, fiscales, empleados de Justicia y sus familiares.

La empresa prestataria del servicio sanitario a estos mutualistas considera que las condiciones ofrecidas por el Ministerio "no se adaptan a la estrategia de la compañía", que se basa en "ofrecer un servicio rentable y de calidad". Para Mapfre, la oferta realizada por el Ministerio le imposibilitaría "obtener una rentabilidad suficiente para mantener un servicio de calidad a los mutualistas", motivo por el que no se presentará a la licitación.

Cabe destacar en ese sentido, que el Partido Popular sigue "con preocupación y escepticismo" lo que está sucediendo con las mutuas, y responsabiliza directamente del problema al Gobierno "por dejación de funciones y por haber mirado a otro lado", comentó la diputada nacional y dirigente regional de la organización, Sofía Acedo.

Acedo recuerda que son muchos los empleados públicos y beneficiarios que "se dejan en la estacada". "Hemos llegado a este momento en que se deja en la estacada a muchos empleados públicos y beneficiarios porque tenemos un Gobierno que escapa de los asuntos importantes que afectan a los españolas", indicó.

La parlamentaria popular considera un "hartazgo absoluto" que "prioricen resistir en Moncloa en vez de gobernar" y lamentó que ese empeño por estar en el Gobierno porque sí pero sin gestionar los intereses públicos de los españoles se esté traduciendo en un "abandono total" de las necesidades de los ciudadanos.

Recientemente, además, los populares se hacían eco también de lo que sucede en el caso de Muface y que afecta a un millón y medio de empleados públicos, así como a sus familias.

 

 

 

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