Según ha podido saber El Faro de Melilla, las instalaciones del Punto de Control Sanitario que se están habilitando en el puerto local no van destinadas, al menos inicialmente, a la inspección del pescado que entre por Beni-Enzar procedente de Marruecos. Nuestros datos apuntan a que se trata de un centro que tendrá por objeto la recepción de productos no animales y que, además, lleguen a través del transporte marítimo.
La normativa establecida por el Ministerio de Agricultura, ahora competente en la materia (antes lo era el de Sanidad), establece la obligación de que el puerto cuente con ese tipo de servicio para los alimentos no animales que lleguen en barco. Se trataría, fundamentalmente, de productos tipo almendras y otros frutos secos, tal y como sucedía antes del cierre de la aduana comercial en agosto de 2018.
Sin embargo, no se descarta que el Gobierno central pretenda utilizar esas instalaciones para la llegada de pescados, frutas y verduras desde Marruecos vía terrestre, si bien empresarios relacionados con el sector se preguntan cuál va a ser el sistema mediante el que la mercancía llegará hasta el puerto. Varios de ellos creen que será la Guardia Civil la que se encargue de custodiar los camiones hasta que descarguen en la infraestructura portuaria.
La información obtenida por El Faro señala, no obstante, que ese Punto de Control Sanitario de la Autoridad Portuaria no dispondrá de elementos fundamentales para preservar los alimentos, caso del pescado. No en vano, no tendrá cámaras de refrigeración que puedan conservar adecuadamente esas importaciones.
Otra cosa distinta es que se utilice el Punto de Inspección Fiscal cuyo local se le concedió a un empresario privado en 2021 cuando Víctor Gamero era presidente de la Autoridad Portuaria a designación de CpM. Esos locales se encuentran ubicados en la zona de seguridad del puerto y no son pocas las dudas que su uso público despierta al tratarse de una inversión y una concesión privada.
Los empresarios consultados por este Diario han expresado también su extrañeza por el hecho de que el Gobierno nacional no hubiera construido unas instalaciones acorde al servicio de inspección en la propia aduana, en la frontera de Beni-Enzar. Consideran que se ha tenido tiempo más que suficiente (han pasado seis años y medio) para que se dotara de un espacio donde llevar a cabo tanto los controles sanitarios como fiscales.
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