El PSOE insiste en que el Gobierno local engañó a los ciudadanos con las multas

El líder socialista, Dionisio Muñoz, apunta que “por la ilegalidad del Reglamento municipal, los agentes de la Policía Local han tirado el trabajo de años a la basura”.

El secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, denunció en una entrevista concedida a Cablemel la actitud del Gobierno melillense, ya que, “después de tener notificación oficial por parte de los tribunales de que las multas interpuestas estos últimos años eran ilegales, en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos, está intentando ocultarlo”.
“El ayuntamiento debe estar al servicio del ciudadano, no intentar engañarlo”, señaló.
Y es que, tal y como explicó el líder socialista, el Ejecutivo de Imbroda tuvo notificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en noviembre del pasado año, y se ha dedicado “a tratar de ocultarlo”.
“El PSOE ya lo advirtió hace mucho tiempo. La administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento, se ha perdido. Este Gobierno ha querido renunciar a ser ayuntamiento y, fruto de esa deriva, el actual ayuntamiento de Melilla, en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, está para engañarlos”, argumentó.

Tirar el trabajo de la Policía

De hecho, en palabras de Muñoz, los agentes de la Policía Local han hecho su trabajo, pero, por culpa de la “ilegalidad” del Reglamento de Delegación de Competencias, “su trabajo de años ha sido tirado a la basura”.
“Muchas veces, el trabajo de un agente, a la hora de sancionar a un ciudadano, es difícil. Son los agentes los que están al píe de la calle en ese trabajo y, deben saber, que por culpa del Gobierno local, no ha servido para nada”, ahondó.
Y es que, tal y como explicó Muñoz, no es éste “el primer Reglamento que el Ejecutivo local ha hecho mal” –en referencia al Reglamento de Farmacia-, algo, agregó, que sería fácilmente solucionable de contar con un órgano superior que controlase este tipo de acciones del Gobierno de Melilla, como el Consejo Jurídico del Estado, “con lo que nos ahorraríamos que sucediesen cosas como ésta”.
“No podemos permitir que un Gobierno, por mucha mayoría absoluta que tenga, se ría de los ciudadanos”, denunció el líder del PSOE local, que se refirió a las personas afectadas con la retirada de puntos del carnet de conducir. “Es mucho más grave de lo que puede parecer a primera vista, porque no sólo se tata de dinero, es posible que haya afectado negativamente a personas cuyo trabajo está vinculado con el vehículo”, razonó.
De ahí, que el máximo responsable de los socialistas melillenses exigiera responsabilidades políticas. “Hay una responsabilidad en aquellos que aprobaron el Reglamento, pero la hay mucho mayor en aquellos que, una vez conocieron la sentencia del TSJA se han dedicado a mentir”, ahondó.
“En lugar de mentir deberían haber buscado una solución”, apuntó, y es que el Grupo Socialista ya llevó en enero de este año una interpelación a Pleno para buscar la fórmula para resarcir a los ciudadanos y que fuese el ayuntamiento quien, de motu propio, devolviese el dinero a los melillenses. Una propuesta que fue descalificada por el PP.
Lo primero para la formación socialista, tal y como adelantó el número uno del PSOE, va a ser resolver el problema de los ciudadanos, pero, advirtió que, una vez hecho esto, “pediremos responsabilidades”.

Reclamar el dinero

Durante la entrevista, el secretario general mostró su malestar con el PP por las presiones que está ejerciendo para que no se conozca lo sucedido, “en lugar de aprovechar la interpelación del Grupo Socialista para arreglar la situación, que hubiese sido lo lógico”.
Por ello, Muñoz animó a todos los ciudadanos afectados y que cuenten con algún tipo de representante legal a que interpongan un recurso y recordó que algunos seguros de coches cuentan con servicio jurídico, al que pueden recurrir. “Encima que nos han cobrado injustamente, que no tengan que gastarnos más dinero para recuperarlo”, agregó.
Aún así, adelantó que desde el PSOE y CpM se va a buscar la manera de que sea la Ciudad Autónoma para que se articule un mecanismo que dé respuesta “a todos los afectados”, en lugar de que se resuelva cada caso de forma individual. “No es justo que el que esté fuera de la ciudad, el que no se haya enterado o el que esté impedido para realizar la reclamación se quede fuera”, justificó.