El PSOE celebra la renovación del CGPJ "tras cinco años de incumplimiento de la Constitución por parte del PP"

La secretaria general del PSOE melillense, Sabrina Moh, ha celebrado el acuerdo alcanzado el martes entre el Gobierno de España y el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP) para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha producido “tras cinco años de incumplimiento de la Constitución española por parte del PP”.

La máxima responsable del PSOE local, en declaraciones a El Faro, ha puesto en valor que el Poder Judicial pueda volver “a la normalidad que nunca debió haberse perdido” y que, ha incidido, ha sido consecuencia de la “oposición destructiva del PP y de los más de 2.000 días de bloqueo que han mantenido los populares, algo inédito en nuestra democracia”.

“Cada año de bloque ha tenido un coste de superior a los 12 millones de euros para las arcas públicas de nuestro país, pero también ha tenido un coste de reputación de nuestro país en la esfera internacional”, ha lamentado.

Por ello, en palabras de la líder socialista, la renovación del órgano de gobierno de los jueces es una buena noticia para la democracia, para el Estado de Derecho, para el Poder Judicial y para España.

“Quiero darles la bienvenida a los populares al acuerdo, después de cinco años anteponiendo sus intereses partidistas a los intereses de España, y darles la bienvenida también al cumplimiento de la Constitución española, que tantas veces evocan pero que tantas veces incumplen”, ha señalado.

Llegados a este punto, Moh ha mostrado su deseo de que los populares dejen de anteponer sus intereses partidistas al interés general de la ciudadanía española y que lo que resta de legislatura pueden darse nuevos acuerdos pensando en el bien de nuestro país y en las y los españoles.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España. Sus funciones son de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del Poder Judicial. El Consejo se encarga de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.