El PSOE aboga por un plan contra el paro con formación y ayudas a las empresas

Desarrollar en Melilla un plan de choque para lograr la inserción laboral de los jóvenes y parados de larga duración es uno de los compromisos del PSOE.

Así lo anunció ayer el candidato melillense de este partido al Senado, Juan Ángel Berbel. “Si tenemos responsabilidades de Gobierno nos comprometemos a este plan de medidas”, aseguró.
Berbel comunicó la intención de llevar a cabo una serie de iniciativas pensadas a largo, medio y corto plazo. Entre estas últimas destacó el plan de choque. Éste irá encaminado en favorecer la inserción laboral de aquellos colectivos con más dificultades para acceder a un puesto de trabajo, según informó.
El objetivo es reducir la tasa de paro a la mitad en 4 años y para ello llevará a cabo varias acciones como poner en marcha ayudas a empresas privadas para la contratación de estos trabajadores de colectivos vulnerables, de hasta el 100% de la cotización a la Seguridad Social durante el primer año.  De esta forma plantean los socialistas incentivar la creación de empleo para trabajadores en paro de larga duración, mayores de 45 años y con baja cualificación.

Más formación
Además, dentro de este plan, pretenden sumar un programa de formación y acreditación para los jóvenes que no poseen el graduado de la ESO, porque abandonaron sus estudios o no pudieron llevarlos a cabo. “Se trata de que estos jóvenes tengan la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2 imprescindibles para optar a la especialización formativa en un plazo de 6 meses”, explicó Berbel.
Una de las medidas concretas, según anunció, sería el ‘empleo de transición’. Se trata de una iniciativa estatal para financiar unas 217.000 contrataciones temporales de desempleados de larga duración, en puestos de trabajo ajustados a la competencia y cualificación de las personas desempleadas participantes. “El objetivo fundamental es mejorar la empleabilidad de dichos parados aumentando sus opciones de reintegrarse al mercado laboral”, señaló y adelantó que los puestos de trabajo se pondrían a disposición por las administraciones estatal y local, así como por entidades sin ánimo de lucro pero “en ningún caso se permitiría la sustitución de trabajadores o la contratación para servicios prestados por empresas”.