El presidente pide declarar voluntariamente ante el Supremo sin necesidad de suplicatorio

Imbroda asegura que el informe “del interventor del Estado en Melilla” presenta “dos errores” y niega que el fuera el “ordenante del pago” al abogado l Espera que la Justicia le llame “cuanto antes”.

El presidente autonómico, Juan José Imbroda, compareció ayer al mediodía ante los medios de comunicación en la sede del PP para pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Supremo de investigarle por la posible comisión de un delito de prevaricación en la contratación de un abogado por parte de la Ciudad Autónoma en el año 2000, el conocido como ‘Caso Abogados’. El jefe del Ejecutivo local acudió a la sede del PP acompañado por buena parte de la plana mayor del partido y de su equipo de Gobierno.
En declaraciones a la prensa, informó de que ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que señala que no piensa formular recurso de súplica, al que tendría derecho por ser senador. Asimismo, pide “ser oído en declaración”, expresando su voluntad de comparecer ante la Justicia “con la máxima celeridad posible” y su intención de “colaborar en el esclarecimiento de los hechos”. El escrito fue presentado ayer por la mañana en el Supremo, según Imbroda.  
“Estoy deseando que me citen para poder hablar, porque hasta ahora no me han dejado”, subrayó el presidente de la Ciudad.
Asimismo, señaló que ha podido ver en el auto del Supremo “algunos errores”. Así, afirmó que el interventor del Estado en Melilla “se equivoca en dos cuestiones fundamentales” y, por tanto, su informe “es erróneo”.
Así, subrayó que este interventor indica en su escrito que la contratación del abogado en cuestión se realizó en 2001 y los servicios que prestó este letrado a la Ciudad duraron más de cinco años, por lo que el asunto debería haber pasado por el Pleno de la Asamblea. “Eso está bien para cuando vayamos a hacer una obra del AVE, un acueducto o 500 viviendas, pero en el caso de esta contratación nadie podía prever que iba a ser por más de cinco años”, defendió el presidente, quien apuntó que, en su opinión, este planteamiento del interventor “es erróneo”.

Informe equivocado
Además, Imbroda añadió que el citado informe le señala a él como ordenador de pagos de la Ciudad Autónoma, algo que tildó de “equivocación”.
“Cuando me pusieron la minuta delante de la mesa, después de haber pasado por todos los técnicos, la firmé. Tras mi rúbrica, el documento fue a Hacienda, que es dónde se ordenó el pago. El interventor de la Ciudad, fiscalizó el documento y también firmó, al igual que hizo el depositario pagador”, añadió. “Con todo esto parece que he cometido el crimen del siglo, el crimen de Cuenca”, apostilló.
En la misma línea, el presidente señaló que tiene un informe del interventor de la Ciudad Autónoma, fechado en noviembre del año pasado, que indica que sin el documento contable de ordenación del pago, es “formal y materialmente imposible” satisfacer con cualquier tercero las obligaciones contraídas mediante una salida de fondos de la Tesorería pública.
“Yo no puede ir directamente a caja para que paguen. Jamás me habrían hecho caso”, aseguró el jefe del Ejecutivo local. “Por eso digo que el interventor del Estado en Melilla se ha equivocado dos veces. A todos nos puede pasar”, añadió. “Éste es el informe que tengo, estoy deseando enseñarlo”.
En cuanto al argumento de que fue él quien llevó a cabo la contratación a través de un poder notarial, aclaró que, como presidente de la Ciudad, concede dichos poderes para cualquier actuación. “Me los ponen por delante y los firmo, porque soy el único que puede hacerlo”, subrayó.
 Así pues, explicó que ha pedido el escrito del notario de aquella fecha, de abril del 2001. En el mismo, se recoge que Imbroda tenía “la capacidad legal necesaria para poder otorgar la presente escritura”. Por ello, el presidente de la Ciudad concluyó que si el notario hubiera visto algo erróneo “habría parado el proceso”.