El PP y la Ciudad estudian presentarse como acusación particular en la supuesta compra de votos

El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha asegurado este martes que se está “estudiando la posibilidad” de presentarse, bien como Ciudad Autónoma, bien como Partido Popular (PP), como acusación particular cuando se levante el secreto de sumario y se conozca “lo que hay de verdad" en la famosa operación de compra de votos en la que CpM está siendo investigada según la Fiscalía General del Estado”.

Conesa ha hecho referencia a un escrito de la Fiscalía fechado el pasado día 25 de mayo que hablaba de esa supuesta compra de votos por parte de CpM durante las pasadas elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo y ha leído textualmente: “Esta operación delictiva habría sido llevada a cabo, según las investigaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla. Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con el partido político indicado en las licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura de la Ciudad Autónoma. Todas esas actuaciones podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho, además de delitos electorales".

“Se refiere el Fiscal General del Estado -que después designó a Anticorrupción- a CpM por presuntamente, según dice, haber aprovechado los contratos, convenios, licitaciones y subvenciones para desviar dinero. Imagínense la gravedad”, ha añadido Conesa, quien ha criticado las declaraciones efectuadas el lunes por la anterior consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, de quien considera que, después de leer el texto, debería "estar callada o escondida donde ella perefiera, porque, como mínimo, es, desde el punto de vista político, sin acusarla de ningún delito penal, colaboradora necesaria de todo lo que ha pasado".

En este sentido, el consejero ha afirmado que Almansouri "era la responsable política de la Consejería que tenía entre sus competencias la contratación, y, evidentemente, ella, como co responsable política, no puede salir de rositas". "Esta señora es responsable -política, al menos- de algunas cosas que han sucedido en esta ciudad", así como del "problema que tiene su partido en la actualidad y que, por esa forma de hacer política, han acabado en los niveles de fracaso electoral que pudimos observar en las últimas elecciones generales", ha añadido Conesa.

Lo que dice el decreto

Según el decreto, un atestado de la Policía Nacional puso en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla “la existencia de sólidos indicios de la compra de votos con vistas a las elecciones”, una “operación delictiva” que dio comienzo el 4 de abril con la convocatoria de los comicios.

En concreto, las investigaciones que realizó la Policía habían puesto de manifiesto “la existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos, alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo”.

Según las averiguaciones practicadas, dicha operación fue llevada a cabo “por varios individuos afines o relacionados con Coalición por Melilla”, partido al que pertenecen algunos de los 10 detenidos en la operación policial realizada pocos días antes en la ciudad autónoma, entre ellos, el entonces consejero de Distritos y candidato número 3 del partido, Mohamed Ahmed.

El decreto de la Fiscalía General del Estado señala que esos “individuos afines o relacionados” con CpM “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada”.

“La compra de votos se estaría financiando, además, con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas” con CpM “en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la Ciudad Autónoma”, agrega la Fiscalía General del Estado.