El PP se plantea llevar al Gobierno a los tribunales por el impago de la bonificación a la Seguridad Social

El Partido Popular se plantea llevar al Gobierno a los tribunales si la empresa Sureste, dedicada a la seguridad privada, sigue sin pagar a los vigilantes la parte que les corresponde de la bonificación a la Seguridad Social y tampoco revierte el dinero a las arcas melillenses. Así lo manifestó esta mañana el diputado popular Manuel Ángel Quevedo, quien apuntó que existe una cláusula en el pliego de condiciones del contrato que obliga a Sureste a pagar el dinero a los trabajadores o, de no hacerlo, devolverlo anualmente a la Ciudad.

Según los datos aportados por el representante del PP, cada vigilante debería cobrar 80 euros mensuales con cargo a ese concepto de bonificación a la Seguridad Social, lo cual representa un montante global de 150.000 euros para la empresa. Y en la práctica, sin embargo, esas cantidades ni se pagan ni se revierten, como establece el contrato.

“Aquí hay dos opciones: o se le paga el dinero a los vigilantes o se le retrae a la empresa porque si no estaríamos dando distintas condiciones a las empresas locales para optar al contrato porque sí deberían pagar esa cantidad, algo que no está obligada a hacer una que venga de fuera”, apuntó.

El caso es que, según los tribunales, solo las empresas de Melilla están obligadas a hacer el pago de esa cuota a los trabajadores por cuanto que fue la CEME la que firmó el acuerdo en tal sentido con los sindicatos. De ahí que el PP, durante su etapa de Gobierno, estableciera en los pliegos de condiciones la obligación de abonar la cantidad al trabajador o revertirla a las arcas públicas.

De hecho, según explicó Quevedo, Valoriza sí le paga ese dinero a sus empleados “porque si no, la Ciudad se lo detrae” del presupuesto anual.

En definitiva, el PP cree que el Gobierno “está haciendo algo que no es legal o que no es correcto” porque no le descuenta a Sureste los 150.000 euros que debería desembolsar a sus trabajadores.

Todo este asunto surgió a raíz de la pregunta que el grupo popular formuló al presidente De Castro sobre el pago de esa bonificación, a lo que el aludido se limitó a señalar que son los tribunales los que dicen que las empresas foráneas no deben pagar esa cantidad.