El PP ha trasladado ya las dos mociones que quiere que se debatan en ayuntamientos, parlamentos, diputaciones y cabildos para que los cargos socialistas se retraten en las instituciones y digan explícitamente si están a favor o en contra de la tramitación de la amnistía y de la igualdad de los españoles.
En concreto, respecto a la moción contra la ley de amnistía, el texto del Partido Popular distingue entre la que se aprobó en 1977 “que era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura” franquista y la que el Gobierno pretende sacar adelante en las próximas semanas, “que atenta contra algunos principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.
En este sentido, además, la moción recuerda que ya esta cuestión se planteó en 2021 en el Congreso y los letrados emitieron un “informe contundente”, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez así como buena parte de sus ministros que tienen formación jurídica—Juan Carlos Campo, Fernando grande Marlaska y Carmen Calvo—se pronunciaron en favor de la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
“Los hechos jurídicos siguen igual pero han cambiado las circunstancias políticas”, señala el texto que apunta a que Sánchez “en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. “El precio de la presidencia sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo”.
“En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”, señala el texto.
Respecto a la segunda de las mociones, el PP recuerda que el artículo 14 de la Constitución establece que los españoles son iguales antes la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, independientemente de donde vivan, “un principio que viene complementado con el de la solidaridad”, tal y como se recoge en el artículo 138 de la Carta Magna.
La moción del PP recuerda que nuestro proceso autonómico ha ido convergiendo en unos niveles de autogobierno que ha hecho de España “un modelo de descentralización”, avalado durante décadas por el Tribunal Constitucional, “garante de que la legislación y, de modo singular, los estatutos de autonomía, se enmarcasen siempre de acuerdo con las previsiones” de la Carta Magna.
“Todo este bagaje se ve amenazado hoy por los proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por propuestas de mutación constitucional que promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos. Una desigualdad que se ve acentuada en el día a día de los españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas. Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca”.
El PP considera que actualmente nos encontramos ante un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad de los españoles. “Lo que es de todos se debe decidir entre todos”, sostiene la iniciativa del PP “y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada”.
Los populares melillenses, que tienen mayoría absoluta en la Asamblea, presentarán ambas mociones para que sean debatidas en el Pleno por todos los grupos políticos. Se da por hecho que la Mesa aceptará las dos propuestas si bien se desconoce todavía cuándo será el momento en que el PP registre las mociones.
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