El PP presenta en Melilla su plan nacional de viviendas con una visión integral

El vicesecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha desgranado este miércoles en Melilla el plan nacional de vivienda de la formación, una estrategia de carácter integral con la que buscan atajar el déficit habitacional que sufre España. La iniciativa se centra en seis ejes fundamentales: la simplificación administrativa, la disponibilidad de suelo, los incentivos fiscales, la colaboración público-privada, la formación de profesionales para el sector de la construcción y una visión estratégica a largo plazo.

Durante su intervención, Bravo alertó sobre la situación actual del mercado inmobiliario, apoyándose en datos recientes del BBVA que estiman que en España hacen falta más de 500.000 viviendas para atender la demanda existente. En contraste, el país está construyendo menos de 100.000 viviendas al año, muy lejos de las 200.000 que, según el PP, serían necesarias para frenar el crecimiento del déficit estructural en esta materia.

Una propuesta integral

La intervención de Bravo puso especial énfasis en la naturaleza integral del plan, que aborda el problema de la vivienda desde múltiples ángulos. El objetivo, dijo, es ofrecer una solución realista, sostenible y de largo recorrido que pueda responder tanto a las necesidades urgentes de acceso como a la viabilidad futura del sistema.

“El presidente Feijóo ha trabajado directamente con los presidentes autonómicos y sus respectivos consejeros para definir un modelo de actuación común que permita avanzar en la materia”, explicó Bravo. Este modelo se ha construido con la participación de administraciones autonómicas, locales y del sector privado, incluyendo constructores, promotores, administradores de fincas y agentes inmobiliarios.

Simplificación de trámites

Uno de los pilares del plan es la reducción de la burocracia urbanística, que actualmente puede prolongar los procesos de edificación hasta una década. El PP propone que ningún proceso urbanístico tarde más de cuatro años y que el silencio administrativo tenga un valor positivo.

Es decir, si la Administración no resuelve en un plazo de tres meses una solicitud que cumple con todos los requisitos, ésta será aprobada de forma automática. Para supervisar esta transición, se creará un comité de expertos con representación de comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector privado.

El partido plantea también un periodo de emergencia de 48 meses durante el cual se apliquen medidas excepcionales para acelerar los procesos de construcción y desarrollo urbanístico.

Suelo y financiación

El segundo eje del plan se centra en la disponibilidad de suelo. Bravo subrayó que para construir viviendas hacen falta terrenos disponibles y financiación accesible. En este sentido, el PP propone que las administraciones pongan a disposición suelo de titularidad pública, como el que gestiona el Ministerio de Defensa en Melilla, para facilitar nuevos desarrollos residenciales.

También se contempla el respaldo financiero para adquirir suelo que esté en proceso de planificación urbanística, lo cual podría requerir más tiempo para su desarrollo. La idea es que esta financiación no suponga una barrera para su aprovechamiento.

Incentivos fiscales

El tercer pilar del plan son los incentivos fiscales, dirigidos especialmente a los jóvenes. Entre las medidas destacadas figura una bonificación del 20% en el ahorro para la compra de vivienda, a través de la llamada ‘hucha hogar joven’.

Este instrumento permitiría a los menores de 40 años ahorrar hasta 2.000 euros anuales, obteniendo una deducción de 400 euros en la declaración de la renta. A ello se sumarían avales para cubrir el 20% del precio de la vivienda y para complementar el ahorro acumulado.

El PP también contempla revisiones en impuestos como el de transmisiones patrimoniales o el IPSI en el caso de Melilla, donde la Ciudad Autónoma tiene capacidad para aplicar medidas fiscales más agresivas orientadas a facilitar el acceso a la primera vivienda.

Vivienda social

Bravo insistió en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, especialmente para desarrollar viviendas sociales o asequibles. El modelo que plantea el PP consiste en utilizar suelos dotacionales de titularidad pública que puedan ser concesionados por plazos de 50 o 75 años. En estos terrenos se construiría vivienda destinada al alquiler a precios inferiores a la media que establece el mercado.

Este sistema, ya aplicado en comunidades como Madrid, permitiría reducir el coste de acceso a la vivienda y, a largo plazo, dotar a los ayuntamientos de recursos económicos adicionales cuando las concesiones finalicen y los bienes reviertan a la administración.

Otro aspecto clave del plan es el refuerzo del empleo en el sector de la construcción. Según datos de la Federación de la Construcción, se necesitarían 700.000 nuevos profesionales para ejecutar un programa de vivienda de esta envergadura. El PP contempla iniciativas de formación profesional para generar mano de obra cualificada que dé respuesta a esta demanda creciente.

Juan Bravo cerró su intervención ante los periodistas apelando a una visión de largo plazo. Explicó que, además de resolver el problema actual de acceso a la vivienda, el plan busca dejar un sistema sostenible que garantice estabilidad a las cuentas públicas de las administraciones locales.

“Cuando dentro de 50 años otro presidente de la Ciudad Autónoma se enfrente a esta situación, tendrá más capacidad gracias a las decisiones que podamos tomar ahora”, señaló, en tono cercano y optimista. El vicesecretario no dudó en añadir, entre risas, que el presidente Imbroda podría ser uno de ellos si cumple su promesa de mantenerse en política durante décadas.