El PP exige la convocatoria de elecciones generales “a la mayor brevedad”

El Partido Popular (PP) ha exigido, en la Declaración de la Región de Murcia, donde se encuentran reunidos este fin de semana sus dirigentes, la convocatoria de elecciones generales lo antes posible para resolver la situación de “anomalía política y democrática” en la que se encuentra España.

Según los populares, para quienes “la debilidad del Gobierno está arrastrando a la nación y los grandes retos pendientes en España se están agravando por la inacción y el sectarismo imperantes”, dado que “la corrupción que rodea al Gobierno, al PSOE y al entorno personal del presidente del Ejecutivo -Pedro Sánchez- lo ocupa prácticamente todo”.

En este sentido, el PP reprocha “la deriva autoritaria que ha abrazado el Gobierno central en pleno contra las instituciones que informan, investigan y enjuician su corrupción” y advierte del “total sometimiento del Congreso de los Diputados a los intereses del Ejecutivo para no hacer evidente que en materias clave existe una mayoría alternativa a la que todavía sostiene a Pedro Sánchez”.

El PP también rechaza “el uso de las instituciones del Estado para fines exclusivamente partidistas y su instrumentalización para acabar con la alternancia política”, así como “la falta de neutralidad de instituciones que son propiedad de todos los españoles”.

En opinión de los populares, la acción gubernamental se limita a “dividir a los españoles en un desesperado intento por que ello tape los escándalos que asedian al Ejecutivo”, al que han vuelto a recriminar sus pactos con partidos como Bildu.

De la misma forma, el PP habla de “trato arbitrario del Gobierno central a las Comunidades Autónomas”, con “continuos agravios a los españoles desde la Ley de Amnistía”.

El Partido Popular se reivindica a sí mismo como “única alternativa de Estado” y se compromete a preparar para las próximas elecciones generales un proyecto para que España cuente con “un Gobierno estable y coherente”.

Además, los populares avanzan que la ponencia política aprobada en su XXI Congreso Nacional, celebrado el pasado mes de julio, será “la guía para reparar España”, comenzando por “un Plan de Regeneración Institucional que impida la apropiación personal o partidista de las instituciones”.

El PP se compromete a “garantizar el buen uso de los recursos públicos que los españoles aportan a través de sus impuestos”, sin “cesiones al separatismo” y con “un giro a los presupuestos estatales para atender necesidades reales” como la financiación de la Ley ELA o de la Dependencia, la ampliación de las plantillas de médicos y el conjunto de profesionales sanitarios y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o la gratuidad de las escuelas infantiles.

Desde el Partido Popular alertan de que el Gobierno está haciendo caso omiso al “riesgo de extinción de una clase media cada vez más empobrecida y de una juventud con más dificultades para desarrollar su proyecto vital”. En este sentido, los populares manifiestan que se niegan a aceptar que España se convierta en un país de subsidios donde el más común de ellos sea el salario mínimo y se ofrecen como alternativa para mejorar la competitividad y la atracción de inversiones para lograr que las empresas y los autónomos puedan subir sueldos, bajar los impuestos y devolver la “prosperidad” a las rentas medias.

Por último, el PP avisa de que, para lograr todo esto, es “imprescindible recuperar la lealtad institucional entre las distintas administraciones, rota a día de hoy”.

Acuerdos

El Partido Popular ha comunicado una serie de acuerdos que han alcanzado en Murcia. Para empezar, exige la “inmediata destitución” de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por “el retroceso que se ha producido en los últimos años” en este campo. Además, exige al Gobierno una auditoría “externa, independiente, integral y transparente” sobre cómo se tramitó el sistema Cometa y cómo está funcionando en la actualidad.

En inmigración, con España viviendo “una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente”, el PP dice que el país “no puede seguir atrapado en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida y que ha renunciado a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en el país y en qué condiciones”. Así, los populares aseguran que “falta una política migratoria eficaz” que no se remedia con una política “inmovilista” de que entre quien quiera ni echándolos a todos. Más bien, aducen que hace falta “una integración efectiva para que la diversidad cultural, que puede ser una fuente de riqueza y dinamismo, no se convierta en factor de fragmentación”.

El PP dice que defiende “una visión liberal y europea de la inmigración, basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley”, así como “orden y legalidad” para recuperar el control de las fronteras como “condición básica de credibilidad”.

Además, los populares creen que los inmigrantes tienen que contribuir para poder permanecer en España y que debe haber igualdad de deberes con los españoles y no suponer “una carga para el sistema”. Además, les exigen aprender el idioma, conocer la Constitución y aprender valores esenciales como la igualdad, la libertad y el cumplimiento de la ley.

“La nacionalidad española no debe ser un mero trámite administrativo”, insiste el PP, que pide que se culmine un proceso de integración lingüística, cultural y económica en el que parten con ventaja los países de Hispanoamérica.

Respecto a los menores no acompañados, dicen que el reparto no puede ser “arbitrario y sin transparencia y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas”.

También piden los populares “tolerancia cero con el delito” y “pérdida automática de la residencia” cuando el inmigrante cometa delitos graves”.

En transporte, infraestructuras y energía, el PP critica el “caos ferroviario” de España y defiende “una visión de las infraestructuras y el transporte que garantice la cohesión social y el equilibrio territorial” frente a “la parálisis e incapacidad de la acción ejecutiva del Gobierno central y su nula gestión del día a día”.

Por ello, solicita un Plan Nacional de Infraestructuras que garantice estabilidad y seguridad jurídica y establezca las prioridades para la inversión de acuerdo con las comunidades autónomas y ayuntamientos. El presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a presentar, antes de las elecciones generales, una propuesta “detallada” en infraestructuras para cada autonomía.

En este campo, los populares critican el “abandono” del Gobierno central a los municipios rurales y a las provincias de menor población y le exige que tome medidas contra los recortes en las rutas en los aeropuertos periféricos y en los de menor tráfico, al tiempo que critica “la falta de planificación y la arbitrariedad en el ámbito de las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución”.

Por último, el PP sale en defensa del sector primario, que “atraviesa un momento especialmente complejo y necesita certidumbres para afrontar el futuro con garantías”. El Partido Popular ratifica, así, su compromiso con la defensa de este sector y las Comunidades Autónomas en las que gobiernan se suman a la elaboración del Libro Blanco del Sector Primario que anunció Feijóo el pasado día 14 de septiembre.

De esta forma, el PP exige también al Gobierno una defensa de la Política Agraria Común y la Política Pesquera Común y avisa de la necesidad de un Plan de Simplificación Administrativa para reducir “la maraña burocrática a la que se enfrentan los productores”. También se compromete a reducirles los impuestos para acabar con “la asfixia fiscal del Gobierno”.

Los populares también insisten en la necesidad de un Paco Nacional por el Agua para que la planificación hídrica sea una política de Estado y reivindican la protección de los montes, así como un impulso a la competitividad del sector primario garantizando la rentabilidad de las explotaciones y con una apuesta firme por la innovación, la digitalización y la conectividad rural.

“Debe garantizarse que vivir del medio rural sea una actividad rentable y avanzar en su profesionalización”, declaran los populares, quienes abogan por dar prioridad al empleo allí de trabajadores españoles, jóvenes y desempleados.

“Una gran parte de los municipios de España se está despoblando ante la pasividad del Gobierno Central, que no invierte lo suficiente ni presta atención a las necesidades del mundo rural, perdiendo con ello un importante capital humano, económico, cultural y turístico. Desde el Gobierno central, nos comprometemos a contribuir a su dinamización”, concluye el manifiesto del PP.