“El PP apuesta por agilizar los procesos, aumentar la seguridad jurídica y modernizar la Justicia”

La senadora por Melilla participó en el debate del Proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los senadores del Grupo Parlamentario Popular que intervinieto en el debate del Proyecto de Ley de reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil el pasado jueves, María del Carmen Dueñas, representante melillense y Mario Arias, senador por Asturias, pusieron de manifiesto la mejora significativa que esta reforma supone, porque, entre otros aspectos, va a facilitar la agilidad en el proceso, se aumentará la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes y apuesta definitivamente por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación como un paso más en el proceso de modernización y mejora de la Administración de Justicia. La senadora melillense señaló que “con el fin de implantar y desarrollar estas reformas y lograr una organización y funcionamiento más eficaz de la Administración de Justicia, el Presupuesto para 2016 destina 78,52 millones de euros a este fin. Esto supone un incremento del 33% respecto al ejercicio 2015”. Asimismo, Dueñas señaló también que la reforma del proceso civil acomete un cambio en la regulación del juicio verbal porque se refuerzan las garantías del cumplimiento del principio constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

Seguridad jurídica

Por otra parte, Dueñas indicó que se establece la obligación de que la contestación a la demanda, en el juicio verbal, se realice por escrito, medida que supone un reforzamiento del principio de seguridad jurídica y de igualdad entre las partes, además de garantizar que no se lleven a cabo actos innecesarios. Con esta nueva regulación del juicio verbal se pretende evitar la indefensión de la parte demandante garantizando la tutela judicial efectiva que atiende a una reclamación generalizada de los operadores jurídicos. Además Dueñas señaló que se acomete un “demandado” proceso de actualización de la prescripción y se potencia la figura del procurador como “auténtico colaborador de la Administración de Justicia”.