El Partido Popular ha advertido públicamente al Gobierno de la “ilegalidad” de la demolición de los depósitos de Cabrerizas por parte de la Ciudad Autónoma por cuanto se trata de una propiedad ajena sobre la que ni siquiera existe una declaración de ruina. Así lo ha manifestado el portavoz del PP en Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, quien anunció que su grupo parlamentario presentará el lunes un recurso de alzada contra el expediente aludiendo, precisamente, a la falta de competencia de la ciudad en esa materia.
La demolición costará 1,4 millones de euros y en ella no se incluye, sin embargo, la cimentación del edificio siniestrado. Según explicó Quevedo, se quedan 10.400 metros cuadrados de losa de hormigón sin demoler sobre la que se echarán los escombros triturados de los forjados y el cerramiento, además de una capa de tierra. En ese sentido, cuestionó que sea “una actuación muy correcta” desde el punto de vista medioambiental, además de calificar de “muy discutible” que puedan plantarse árboles.
Manuel Ángel Quevedo dejó claro que esa construcción es propiedad del Estado y, más en concreto, de la Confederación Hidrográfica. Se da la circunstancia añadida, asimismo, de que el edificio nunca fue recibido por la Ciudad Autónoma. De ahí que insistiera en que las obras le corresponden al Estado. “La ciudad no puede hacer unas obras en un edificio que no es suyo. Está pasando lo mismo que en Horcas Coloradas”, explicó.
En ese sentido, criticó la actitud del Gobierno al entender que está actuando al revés de cómo se hacen las cosas en otros puntos de España. “En vez de que sea el Estado el que inyecte dinero en Melilla como en cualquier ciudad española, aquí se les regalan 1,4 millones que no nos correspondientes y que no se puede hacer legalmente sin un convenio de reciprocidad, expropiación o alguna otra figura jurídica”.
El PP tiene claro que la actuación que plantea el consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, es “ilegal y tenemos muchas pruebas de ello”. A modo de ejemplo manifestó que cuando el PP estaba en el Gobierno trató de hacer una zona de sombras en la frontera de Barrio Chino a petición tanto de la Delegación del Gobierno como de la Guardia Civil y, aún teniendo las autorizaciones correspondientes, la secretaría técnica echó el proyecto atrás por falta de competencia administrativa.
Los populares, según Quevedo, no están en contra de la demolición pero no en los términos en que pretende hacerlo el consejero cepemista, al que recordó que ni siquiera se ha intentado que los costes de las obras sean sufragados por la Confederación Hidrográfica.
Al hilo de este asunto, el representante del PP demostró ante la prensa que el programa electoral de CpM del año 2019 no llevaba la demolición de los depósitos. La propuesta cepemista era la creación allí de un centro cultural con biblioteca pública incluida. Por ese motivo, calificó de “colmo del cinismo y de la demagogia política” que ahora utilicen el aspecto sentimental de los depósitos para arremeter contra los populares.
Para Quevedo, la demolición es “una ocurrencia” de CpM en los últimos meses, motivo por el que se preguntó “qué oscuros intereses” persigue el partido de Aberchán con este asunto. “Son un peligro no solo para la convivencia y la democracia, como dijo el PSOE, sino también para la economía y la legalidad. CpM tiene que explicar qué oscuros intereses tienen en esta demolición que durante 24 años no ha pedido y ahora de pronto sí”, concluyó.
