El Pacto Social aboga por separar política y religión

La Ciudad Autónoma quiere fundamentar su Pacto Social en el absoluto respeto a la multiculturalidad y a la división entre la esfera política y la religiosa. Así se desprende de la declaración institucional remitida por la Consejería adjunta a Presidencia a los grupos de la oposición para su debate en comisión y posterior aprobación en el Pleno de la Asamblea.
En la parte dispositiva del texto, Melilla proclama “como seña irrenunciable de su identidad, su  carácter y vocación de ciudad intercultural”, concepto que se define como la relación intencionada entre personas y grupos procedentes de culturas diferentes. En este sentido, el texto anima al diálogo entre ellas para propiciar el reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.
La Ciudad Autónoma reivindica un concepto de identidad orientado hacia un proyecto compartido de futuro que no pertenezca a ninguna cultura en particular, sino que permita la inclusión de todas. “Defendemos un tipo de identidad intencional, fraguada mediante la elección consciente de aquellos elementos y rasgos que estimamos de mayor valor para una convivencia que pone el acento en lo que une y no en lo que separa, bajo el convencimiento de que las diferencias entre las personas son insignificantes en comparación con las experiencias y aspiraciones que tienen en común”, señala la declaración institucional de la Ciudad Autónoma.
Asimismo, indica que la gobernanza democrática de Melilla deberá desarrollarse en correspondencia con los principios y directrices contenidos en el Libro Blanco del Consejo de Europa sobre el Diálogo Intercultural. Además, el documento anuncia que la administración pública local deberá adaptar progresivamente sus estructuras, instituciones y servicios “a las necesidades de una población diversa”.
En cuanto a la esfera política, aboga por un ruptura total con la religiosa. “El discurso político y su práctica han de encaminarse a evitar la formación o consolidación de grupos excluyentes definidos por su etnia o su religión”, defiende la declaración.
En la misma línea, apunta que las culturas “no son compartimentos cerrados y estáticos, sino formas dinámicas y evolutivas de entender la vida, que sólo prosperan en interacción con otras culturas, nunca aisladamente”.

Defensa de valores
De manera complementaria, el texto promete la implicación de la Ciudad Autónoma a la hora de fomentar la implantación de programas de formación para la concienciación y las competencias interculturales dirigidas a los empleados públicos y a aquellas personas intervinientes en el diseño y aplicación de las políticas locales.
También se anuncia una estrecha colaboración con la Universidad de Granada (UGR) y la UNED para la creación de materiales educativos destinados a promover, entre todos los sectores ciudadanos los principios y valores de la interculturalidad.
Además, se respaldará la propuesta de la UGR de elaborar un Programa de Educación para la Cultura de Paz, adaptado a la realidad social, económica y educativa de Melilla. Por otro lado, se apoyarán todas las iniciativas tendentes a divulgar las ventajas de la interculturalidad en todos los niveles educativos.

Diálogo entre religiones
La Ciudad Autónoma impulsará el diálogo de las autoridades públicas con las comunidades religiosas y alentará la comunicación entre éstas. De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa, debe estar orientado a la búsqueda del entendimiento entre las distintas comunidades culturales, en orden a la consecución de objetivos comunes que incluyan la promoción activa de los derechos humanos.
No en vano, indica que todo esto debe partir del obligado acatamiento de los poderes públicos a los mandatos y límites impuestos, en materia de libertad religiosa y de conciencia, por la Constitución, las leyes nacionales y los convenios internacionales ratificados por España. Por ello, se insta a la Asamblea local a defender la libertad de conciencia, la neutralidad religiosa del poder político, la igualdad de derechos a la hora de elegir una confesión y la competencia soberana y exclusiva de los poderes públicos.