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El Ministerio de Educación no da fechas para retirar el amianto del colegio

Así lo ha afirmado el secretario de Estado ante una pregunta formulada por José Ramírez, diputado de Vox

El Ministerio de Educación ha asegurado que se encuentra trabajando en el traslado de los alumnos del CEIP del Real de Melilla para poder retirar el amianto del centro, pero sin precisar ninguna fecha para la ejecución de las obras. Así lo afirmó el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso, donde fue interpelado por el diputado de VOX José Ramírez Ríos sobre este asunto.

Ramírez Ríos calificó la presencia de esta sustancia como un peligro para la salud de los menores y criticó la falta de acción del Ministerio. “Que en un centro de Educación Infantil haya amianto en una proporción que pueda ser perjudicial para la salud de los niños es incalificable”, manifestó. Asimismo, denunció el constante cruce de responsabilidades entre el Gobierno central y las autoridades locales sobre quién debe asumir el coste de la retirada del material tóxico. “Llevamos meses asistiendo a un partido de tenis entre las administraciones, cuando lo prioritario es la seguridad de los niños. Ya discutirán luego quién paga, pero esto es muy urgente”, reclamó.

Por su parte, el secretario de Estado de Educación intentó restar gravedad a la situación, asegurando que “no hay un peligro real en el colegio”, aunque admitió que se tomarán medidas para retirar el amianto. Sin embargo, no especificó plazos ni acciones concretas, lo que ha generado aún más incertidumbre entre la comunidad educativa y los padres de los alumnos afectados.

Problema sin resolverse

La preocupación por la presencia de amianto en el CEIP del Real no es nueva. Desde hace meses, padres y representantes políticos han alertado sobre los riesgos asociados a este material, clasificado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque su uso fue prohibido en España en 2002, sigue presente en muchos edificios antiguos, especialmente en techos y estructuras de fibrocemento.

El diputado de VOX también aprovechó su intervención en la Comisión de Educación para señalar el problema de la brecha educativa que existe en las ciudades autónomas. Según los últimos resultados del informe PISA, los alumnos de Melilla obtuvieron una puntuación de 404 puntos en Matemáticas, mientras que la media nacional se sitúa en 473. En Lectura, la diferencia es de 69 puntos (474 en la media española frente a 405 en Melilla), y en Ciencias, los estudiantes melillenses obtuvieron 414, muy por debajo de los 485 de la media nacional. “Si consideramos que 50 puntos representan un año de retraso académico, los alumnos de Melilla tienen cerca de dos años de desventaja respecto a los niños de Castilla y León”, explicó Ramírez Ríos.

Ante estas cifras, el representante de VOX exigió explicaciones al secretario de Estado sobre qué medidas tiene previstas el Ministerio para reducir esta brecha. “Los alumnos de Ceuta y Melilla son responsabilidad del Ministerio desde hace siete años. Espero que no tenga la tentación de echarle la culpa a alguien más”, apuntó.

Falta de respuestas concretas

La comparecencia de Abelardo de la Rosa en la Comisión de Educación no dejó satisfechos a quienes esperaban una respuesta clara y definitiva sobre el futuro del CEIP del Real. La falta de fechas concretas para la retirada del amianto y el traslado de los alumnos ha generado preocupación en la comunidad educativa y ha reavivado el debate sobre la gestión de la educación en Melilla.

Este no es el primer episodio en el que VOX lleva este problema al Congreso. En ocasiones anteriores, la formación ha cuestionado la gestión del Ministerio respecto a la retirada del amianto en el colegio y ha denunciado la falta de inversiones en infraestructuras educativas en Melilla. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han ofrecido una solución clara ni un plan de acción detallado.

Mientras tanto, los alumnos del CEIP del Real continúan asistiendo a clases en un centro que, según denuncian los padres, podría poner en riesgo su salud. La incertidumbre sigue creciendo y la comunidad educativa espera que el Gobierno actúe con urgencia para garantizar la seguridad de los escolares y acabar con un problema que, a día de hoy, sigue sin resolverse.

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