La denuncia de cinco ONG que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla es la única vía judicial abierta para esclarecer las circunstancias del intento de entrada de migrantes en el paso fronterizo de Barrio Chino de Melilla el 24 de junio de 2022, uno de los más trágicos de la frontera sur. La Fiscalía española archivó en diciembre del 2023 las actuaciones abiertas al no ver indicios de delito, al igual que ha hecho este mismo lunes el Ministerio Público marroquí para quien hubo un "uso proporcional de la fuerza" por parte de los agentes de ese país. La tragedia, de la que se cumplen dos años, se produjo cuando cerca de 1.700 migrantes, la mayoría sudaneses, intentaron acceder a la ciudad autónoma forzando la puerta del puesto fronterizo con la ciudad marroquí de Nador. Aquel intento costó la vida a 23 migrantes, según las autoridades de Marruecos, y a 27 según laONG marroquí Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que denuncia que hay otras 70 personas desaparecidas. En declaraciones a EFE este lunes, Patricia Fernández Vicens, abogada de Coordinadora de Barrios, una de las asociaciones denunciantes, ha mostrado la confianza de todas ellas “en que se produzca una investigación de delitos gravísimos”, concretamente contra la integridad moral, homicidio por imprudencia grave, lesiones y prevaricación. Además de Coordinadora de Barrios, una entidad de la sociedad civil de Madrid, la querella ante el juzgado melillense también ha sido interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Caminando Fronteras, la Asociación de Extranjeristas en Red y la asociación Lab 38, que han instado una investigación judicial que actualmente está en trámite.
¿Quién dio las órdenes?
“Queremos saber quién dio la orden para que funcionarios o un ejército extranjero, como es el ejército de Marruecos, entraran hasta la ciudad de Melilla, detuviera a personas y fueran posteriormente devueltas a Marruecos”, ha apuntado Fernández Vicens. Otras preguntas que se hacen las asociaciones que han presentado la querella es “quién autorizó el uso de la fuerza y el uso de material antidisturbios”, además de “por qué no se cesó en su uso cuando se vio que se estaba produciendo un amontonamiento y por qué no se auxilió a las víctimas”. La abogada de Coordinadora de Barrios cree que “hay muchas preguntas sin respuesta” y que no son contestadas por la investigación de la Fiscalía de Marruecos, cuya decisión de archivar el caso evidencia no solo la dificultad “de las víctimas de la violencia de la frontera para alcanzar justicia”, sino también “la falta de interés de los estados español y marroquí de investigar los acontecimientos”. Asimismo, ha mostrado la preocupación de su asociación sobre el hecho de que el Ministerio Público marroquí aluda a que la investigación constata que hubo un "uso proporcional de la fuerza" por parte de los agentes marroquíes. “Hablar de un uso proporcional de la fuerza es absolutamente inmoral cuando estamos ante 37 personas fallecidas en el interior del puesto fronterizo de Barrio Chino, tres personas constatadas que fallecen después como consecuencia de las lesiones y más de 70 personas desaparecidas”, ha dejado claro. Las cinco asociaciones que han presentado la querella defienden que es a la Justicia española a la que corresponde investigar lo sucedido porque, según dicen, “los hechos ocurrieron en el puesto fronterizo de Barrio Chino, que está situado íntegramente en territorio español”.