El juez pregunta por el expediente de un servicio de formación para jóvenes

Comparecieron ayer el popular Guillermo Merino y la socialista Mari Cruz Escribano.

En la jornada de ayer tuvo lugar la tercera ronda de declaraciones ante el juez de los imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa a causa de la falta de documentación en 16 expedientes tramitados por la Mesa de Contratación entre los años 2006 y 2007. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla citó para ayer, a instancias de la Fiscalía, a Guillermo Merino, representante del Grupo Popular en dicho organismo, y a la socialista Mari Cruz Escribano. Estaba previsto que también declarara el popular Rafael Marín, pero no se presentó por problemas de salud, según ha podido saber El Faro.
El primero en llegar a las torres del V Centenario fue Merino, quien acudió a su cita con la Justicia en torno a las 11:00 horas. Su declaración duró unos veinte minutos, según informó él mismo a este periódico. Asimismo, resaltó que “todo había ido bien” y que su comparecencia ante el juez “muy coloquial”. El que fuera representante del PP en la Mesa de Contratación aseguró sentirse tranquilo por este asunto y resumió su intervención en que había contestado “claramente” todo aquello que se le había preguntado.
La que fuera diputada del PSOE durante la pasada legislatura, Mari Cruz Escribano, llegó a los juzgados a las 12:00 horas, aproximadamente, y compareció ante el juez durante unos 75 minutos. La socialista recibió en este caso asistencia jurídica de la Ciudad Autónoma, al contrario que su ex compañera de partido y suplente en la Mesa de Contratación, Celia Sarompas, quien declaró el pasado día 7 de marzo asesorada por su propio abogado.

Formación juvenil
A su salida del juzgado, Escribano detalló a El Faro que el juez se interesó por el funcionamiento administrativo de la Mesa de la Asamblea, así como por varios expedientes aprobados cuando la socialista formaba parte de dicho órgano del Gobierno local.
La ex dirigente del PSOE detalló que el juez hizo especial hincapié en el contrato sobre un programa de formación juvenil aprobado en aquel entonces con los votos a favor del PP y el rechazo conjunto de CpM y PSOE. Asimismo, se interesó por las razones que llevaron a la formación socialista a votar en contra de dicha iniciativa.
Al igual que en el caso de Sarompas, Escribano tiene intención de solicitar al juez que retire la imputación de prevaricación administrativa, al considerar que la oposición no tuvo responsabilidad en la supuestas irregularidades de estos contratos, por haber votado en contra.
No habrá más comparecencias ante el juez hasta los días 1 y 11 de abril. En éste último está previsto que declare Guillermo Frías, ex presidente de la Mesa de Contratación.

La imputación de 27 dirigentes políticos de PP, PSOE y CpM, así como de distintos funcionarios participantes en la Mesa de Contratación, por presunta prevaricación administrativa tuvo lugar a raíz del procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción Número 1 de la ciudad autónoma, que a su vez se inició a resultas de un informe de la Fiscalía de Málaga que proviene de un escrito del Tribunal de Cuentas, sobre falta de documentación en un total de 16 expedientes relacionados con la Mesa de Contratación de Melilla en el ejercicio 2006-2007.
La de ayer fue la tercera ronda de declaraciones ante el juez. Anteriormente había comparecido el popular Juan Antonio Iglesias, la socialista Celia Sarompas y la cepemista Jadu Dris, así como distintos funcionarios que integraban la Mesa de Contratación entre los años 2006 y 2007.
Hasta la fecha, el juez ha hecho especial hincapié en dos expedientes, el referente al servicio de alumbrado público y, en el día de ayer, a una iniciativa de formación para jóvenes