El juez pone caras a la trama del ‘voto por correo’, los principales imputados

El juicio deberá aclarar si Muñoz y Aberchán planearon la supuesta compra de votos en las elecciones generales de 2008 y qué implicación tuvieron en el proceso los 28 militantes del PSOE y CpM imputados. El juez ha dado por concluida la investigación del caso del ‘voto por correo’. Ahora, una vez que los abogados y Fiscalía contesten al auto que dará paso al juicio, un tribunal decidirá sobre la culpabilidad de los 30 imputados. En su mayoría pertenecen al Partido Socialista (PSOE) y a Coalición por Melilla (CpM), cuyos líderes en el momento de los hechos, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, son los principales imputados. Sobre ellos pesan hasta siete imputaciones de delitos por una supuesta trama a través de la que ofrecieron puestos de trabajo en los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno a cambio de votar por correo en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 a favor de su coalición.
El auto dictado el pasado 2 de septiembre por el juez instructor finaliza una investigación que se ha prolongado durante tres años. En ese tiempo se ha tomado declaración a 655 testigos. La mayoría de las imputaciones se basan en los testimonios de dos de esos testigos, que también están imputados, los socialistas Nordin Abdel-Lah e Ikram Aanan. El juez instructor apunta en el auto que las declaraciones que ambos ofrecieron han sido refrendadas en las diferentes fases de la investigación por las de los demás testigos. Este hecho da al testimonio de ambos imputados, a su entender, una mayor “validez y sentido”.
En el juicio del caso del ‘voto por correo’ se verá si los hechos que el juez instructor considera acreditados tras la investigación quedan definitivamente probados. El tribunal encargado de juzgar este proceso determinará si los entonces líderes de PSOE y CpM, Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán, respectivamente, fueron los autores intelectuales de la trama. En el auto también se afirma que ambos debieron coordinar y dirigir todos los pormenores de la supuesta compra de votos, cada uno en lo que respecta a su formación política.
El juez instructor cree que encomendaron a personas de su confianza las tareas de captación de votantes para que, bajo la promesa de un puesto de trabajo en los Planes de la Delegación del Gobierno, ejercieran su derecho al voto por correo en favor de la candidatura conjunta que presentaron PSOE y CpM para los comicios de 2008.
El instructor se basa en numerosos testimonios de militantes, simpatizantes y personal laboral de ambas formaciones políticas, así como de personas que votaron por correo para conseguir un empleo. Esas declaraciones pueden acreditar, según el auto, que ambos líderes políticos fueron vistos en las sedes de CpM y Juventudes Socialistas (JSME), en la calle Ejército Español, y que allí explicaban a los numerosos ciudadanos que llegaban que si querían un empleo debían votar por correo a favor de su coalición política.
Una vez concluidas las elecciones, el juez considera que “para dar respuesta” a las expectativas creadas a los votantes por correo, ambos líderes debieron influir en los procesos de selección de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno. Ésta es la fase final de la trama, por la que también se imputan al entonces delegado del Gobierno y actual secretario general del PSOE, Gregorio Escobar, al director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), Joaquín Arana, y a la directora de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), Ana Mansilla.
Tras analizar las contrataciones de los Planes de Empleo de la Delegación, sus beneficiarios y si éstos cumplían el perfil, el juez considera que Escobar estableció unos criterios de selección para los grupos de contratación directa que permitiría acceder a un puesto de trabajo a la mayor parte de la población de Melilla. Sin embargo, el objetivo de las contrataciones directas es ayudar a los grupos de exclusión social con un perfil muy específico. Por ello, el instructor considera que existieron irregularidades a la hora de definir esos grupos y los contratos que se hicieron.
Por otra parte, el auto del juez ha detectado “notables anomalías” en las contrataciones genéricas, es decir, las que no están relacionadas con los grupos de exclusión, pero que es un cupo más de los Planes de Empleo. El máximo responsable del INEM, Joaquín Arana, debió entonces manipular esos procesos de contratación, siempre según el juez, “para que muchos de los seleccionados fueran las personas que votaron por correo, sus familiares, militantes u otros compromisos de ambos partidos”, PSOE y CpM.
Para efectuar todas las contrataciones, fue necesaria la “connivencia” con la directora de la UPD, Ana Mansilla, pues este órgano era el que tenía que velar porque cada contratado cumpliera los requisitos.
La investigación se centró en las contrataciones de los Planes de Empleo de 2008 y 2009 y un plan extraordinario en 2008, pero la trama se originó, según auto del juez, meses antes de las elecciones generales del 9 de marzo. Concretamente, tres días antes del inicio del plazo para la solicitud del voto por correo.
Según la declaración de uno de los imputados, Nordin Abdel–Lah, él mismo recibió la “misión” de poner en marcha la trama de boca de Dionisio Muñoz y su hombre de confianza, el entonces secretario de Organización del PSOE, Alonso Díaz. Los testimonios de otra de las imputadas, Ikram Aanan y muchos de los testigos que declararon ante el juez en la fase de investigación, apuntan a diversos dirigentes del PSOE como supuestos implicados en la trama para captar personas que votaran por correo a cambio de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo de la Delegación. Sea en labores de movilización, información, tramitación de solicitudes, elaboración de listados o manipulación de papeletas y sobres electorales, el juez considera que participaron de una manera más o menos activa en la trama Alonso Díaz, Amín Azmani (quien cedió las instalaciones de la sede de Juventudes Socialistas, por tanto, conocía las actividades ilícitas que se estaban realizando), Rabea Aomar, Nora Hammad, Sergio Martínez Ranero, Gabriel Jiménez, Celia Sarompas y otros militantes y personal laboral.
El juez concluye que en la sede de Coalición por Melilla existía una estructura similar, en base también a las declaraciones de los 655 testigos. Al igual que con los imputados del PSOE, muchos de los testigos reconocieron a los cepemistas implicados en la trama a través de las fotografías que se les mostraron en el juzgado.
El auto concluye que Aberchán puso a personas de su confianza al mando de la trama, entre ellos el diputado Abderrahim Sellam, a quien nombró director de la campaña electoral en 2008. Concretamente, el juez considera que Sellam fue uno de los dirigentes  cepemistas reconocidos por personal de Correos y otros testigos como la personas que accedió a zonas restringidas de Correos, acompañado de otro de los imputados, el máximo responsable de Correos, Juan José Redondo.
Las personas de confianza de Aberchán para llevar a cabo la trama también fueron militantes y afiliados al partido, así como una de sus hijas, su esposa y su hermana, identificadas por numerosos testigos que las reconocieron a través de fotografías. Además, otros nueve afiliados a CpM están imputados por el juez instructor al considerar que participaron activamente en la trama del ‘voto por correo’.
Por último, el director provincial de Correos en Melilla, Juan José Redondo, es otro de los principales imputados en la causa. Tras las declaraciones de algunos trabajadores del servicio postal, el juez considera que Redondo permitió el acceso a personal ajeno a la empresa a zonas restringidas de las oficinas de Correos en la calle Pablo Vallescá y que participó en la trama desviando sobres electorales de voto por correo a instancias de la coalición PSOE–CpM. No obstante, en el auto el juez instructor también recoge las declaraciones de otros empleados de Correos que no observaron ninguna anomalía o irregularidad en la labor de Redondo. Sin embargo, puntualiza que esta circunstancia no invalida otras declaraciones de testigos que vieron a Redondo con Abderrahim Sellam con sobres electorales en la mano y listas con nombres.

Los que quedan fuera
En el auto, el juez retira las imputaciones iniciales contra el dirigente cepemista, Hassan Mohatar, que si bien fue reconocido por un trabajador de Correos, que le vio un día acompañar a Abderrahim Sellam a Correos, el instructor considera que no hay indicios suficientes como para implicarle en la presunta trama. Igualmente, el ex delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, que también fue investigado por su posible vinculación a la trama del ‘voto por correo’, pero que una vez finalizada la instrucción del caso, el juez no ha encontrado indicios para imputarle.