El Ilustre Colegio de Abogados acoge la conferencia sobre el delito de blanqueo de capitales

Este jueves, 2 de marzo, el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha acogido una conferencia sobre el delito de blanqueo de capitales, donde todos los asistentes han podido acudir de forma gratuita y disfrutar de todos los conocimientos del magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Don Miguel Ángel Torres.

En la ponencia se han tratado aspectos conflictivos del blanqueo de capitales, de las prevenciones y obligaciones que deben tener los abogados y de la responsabilidad de estos respecto al secreto profesional.

En primer lugar, Torres reconoce que existe mucho desconocimiento en lo respectivo al blanqueo de capitales, así como también un miedo a las posibles complicaciones derivadas de aplicar la ley en estos casos. El magistrado confiesa que un buen camino es explicar este tema para formar a los futuros abogados.

También se quiso manifestar sobre este tema el decano del Colegio de Abogados, Blas Jesús Imbroda, que asume que los colegiados deben estar preparados para lidiar con el blanqueo de capitales, ya que igualmente podrían incurrir en irresponsabilidades laborales.

Denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas

Por otro lado, el Ilustre Colegio de Abogados ha presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, tras más de un año de intenso trabajo realizado por más de diez juristas coordinados por Prisoners Defenders y tras haber cubierto los dictámenes individuales completos de más de 300 víctimas que demuestran, sin lugar a la duda jurídica, patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano.

Más de 5.000 folios de trabajo jurídico que no deja incertidumbre sobre la arbitrariedad e ilegalidad por la que miles de familias en Cuba sufren, sólo por haber expresado sus sentimientos, anhelos y necesidades, con uno o varios de sus miembros en prisión, torturados y con condenas que en no pocos casos se cuentan por decenas de años.

Los más de 300 casos analizados permiten determinar que los 1.077 prisioneros políticos que Cuba mantiene condenados en la actualidad han sufrido las mismas violaciones procesales y todos, sin excepción, deberían ser puestos en libertad con inmediatez.

Asimismo, de tratarse de un Estado de Derecho, el gobierno de Cuba debería indemnizar a las víctimas de privación de libertad arbitraria, además, por las atrocidades sufridas por ellas en prisión, y también por sus familiares fuera de prisión, los cuales han sido y son amenazados, perseguidos, hostigados, interrogados, citados, multados e incluso detenidos igualmente.