La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, junto al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, han anunciado este lunes la resolución del contrato con la empresa encargada de dos ludotecas en Melilla, Alvalop, poniendo fin a una situación que, según han señalado, ha afectado durante meses a trabajadores, familias y a la propia Administración. Finalmente, será Tragsatec la encargada de gestionar las dos ludotecas.
En una comparecencia ante los medios, Mohamed ha calificado la jornada como “muy importante”, subrayando que se trata de un paso definitivo para cerrar una etapa marcada por “incumplimientos” y problemas en la gestión del servicio.
La decisión llega tras recibir el respaldo del Consejo de Estado, que ha avalado la postura de la Administración local en este conflicto.
Uno de los puntos clave de la comparecencia ha sido precisamente la resolución del Consejo de Estado, que da la razón al Gobierno local en su decisión de resolver el contrato con la empresa.
Según ha explicado la consejera, este organismo no solo valida la rescisión contractual, sino que también reconoce el derecho de la Ciudad a retener tanto las garantías económicas como las cantidades derivadas de sanciones e incumplimientos.
“Hoy damos un paso más allá”, ha afirmado Mohamed, quien ha insistido en que la Administración ha actuado dentro del marco legal en todo momento, cumpliendo con los procedimientos exigidos.
Durante su intervención, la titular de Políticas Sociales ha querido dejar claro que la Ciudad sí ha sancionado a la empresa adjudicataria, en respuesta a críticas vertidas en sesiones plenarias.
En concreto, ha detallado que se impusieron sanciones por valor de aproximadamente 200.000 euros en una primera fase y 30.000 euros en una segunda, que ahora serán retenidas una vez se formalice la resolución del contrato.
Además, se procederá a la retención de las garantías económicas de los lotes afectados. En el caso de la ludoteca de Las Palmeras, cuyo contrato ascendía a 813.000 euros, se retendrán 40.000 euros. Por su parte, en el lote de Acera Negrete se inmovilizarán otros 35.000 euros.
A estas cantidades se sumarán los gastos asumidos por la Administración de forma subsidiaria, como contratos de limpieza o suministro de materiales que la empresa no llegó a cubrir.
Con esta decisión, el Gobierno local da por finalizados los problemas en dos de las ludotecas más afectadas por la situación. Según ha señalado Mohamed, estos centros eran los que sufrían mayores incidencias, especialmente en lo relativo al pago a los trabajadores.
“Hoy podemos decir que al menos en estos dos lotes se ha acabado el problema”, ha afirmado la consejera, quien ha destacado que esta resolución supone un alivio tanto para el personal como para las familias usuarias del servicio.
Una vez se formalice la resolución del contrato, las dos ludotecas pasarán a integrarse en el sistema de la empresa pública Tragsatec, que asumirá su gestión.
La entrada en este nuevo modelo se ha retrasado ligeramente para adaptarse a la actualización de las tablas salariales, con el objetivo de que los trabajadores puedan incorporarse en mejores condiciones económicas.
Desde el Ejecutivo local defienden que este cambio permitirá garantizar un servicio más estable, con mayor control y cumplimiento de las condiciones laborales.
La consejera ha aprovechado su intervención para reivindicar la actuación del actual Gobierno, asegurando que han acompañado a los trabajadores “en todo momento” y que han tomado medidas para evitar despidos.
En este sentido, ha señalado que se han llegado a tramitar hasta 33 contratos distintos con el objetivo de mantener tanto el empleo como la continuidad del servicio.
Asimismo, ha anunciado que se iniciará un procedimiento para impedir que la empresa implicada pueda volver a contratar con la Administración, al considerar que ha incurrido en incumplimientos reiterados.
Más allá de los dos lotes afectados, el Gobierno ha confirmado que continuará con la fiscalización del resto de ludotecas gestionadas por la misma empresa.
Aunque estas presentan menos incidencias, Mohamed ha asegurado que se mantendrá un control “exhaustivo” para garantizar que se cumplen las condiciones del contrato. En caso contrario, se aplicarán medidas similares, incluyendo sanciones y posibles resoluciones.
Por su parte, el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, ha puesto el acento en la complejidad administrativa del proceso, justificando el tiempo transcurrido hasta la resolución.
Imbroda ha explicado que la ley obliga a cumplir una serie de trámites y garantías que no se pueden eludir, lo que ha retrasado la toma de decisiones.
“A nosotros nos hubiese gustado resolverlo antes”, ha reconocido, aunque ha defendido que se han seguido todos los pasos exigidos.
El presidente también ha dirigido críticas al anterior Ejecutivo, al que ha acusado de haber dejado una situación desorganizada en la gestión de las ludotecas.
En concreto, ha señalado que la existencia de siete contratos distintos para estos servicios carecía de sentido y dificultaba su control.
“Se tenía que haber hecho un contrato único”, ha afirmado, calificando la herencia recibida como “nefasta”.
Imbroda ha sido especialmente contundente al referirse a la situación de los empleados afectados, lamentando que algunos hayan sufrido retrasos en el cobro de sus salarios.
“El problema nunca nos ha gustado, sobre todo cuando se deja a trabajadores sin cobrar”, ha señalado, insistiendo en que el Gobierno ha estado junto a ellos en todo momento.
Durante su intervención, el presidente también ha respondido a las críticas de la oposición, que había alertado de posibles conflictos sociales derivados de esta situación.
Imbroda ha cuestionado estas afirmaciones, señalando que el problema afectaba a “unos veintitantos empleados” y que no se han producido las protestas masivas que algunos auguraban.
“¿Dónde están esos conflictos sociales?”, ha preguntado, en tono crítico.
Con la resolución del contrato y la futura incorporación del servicio a la gestión pública, el Gobierno local considera que se pone fin a un conflicto que se ha prolongado durante meses.
Tanto Mohamed como Imbroda han coincidido en trasladar un mensaje de satisfacción por haber encontrado una solución dentro del marco legal, al tiempo que han defendido la actuación del Ejecutivo.
La nueva etapa, según han señalado, estará marcada por el control, la estabilidad y la mejora de las condiciones laborales, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado para los usuarios de las ludotecas de la ciudad.
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