El Gobierno nacional rechaza la propuesta de la Ciudad para regularizar el Cerro de Palma Santa

El Ministerio de Defensa rechazó la propuesta de la Ciudad Autónoma de Melilla para regularizar urbanísticamente el entorno del Cerro de Palma Santa, una zona marcada por la presencia de edificaciones levantadas de forma irregular y carente de un control urbanístico efectivo durante años.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de la Vivienda, Patrimonio y Urbanismo, en el marco del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y proponía declarar ese ámbito como “núcleo rural aislado”, con una ordenación específica de baja intensidad que permitiera mantener parte de las edificaciones existentes, bajo condiciones restrictivas.

Según el planteamiento remitido al Ministerio por Urbanismo, se pretendía congelar la situación, limitando las nuevas construcciones y permitiendo solo edificaciones de hasta dos plantas. Las construcciones que superaran este límite podrían ser declaradas fuera de ordenación e incluso objeto de expropiación. El documento técnico sugería, además, que la Ciudad se comprometiera a ejercer un control urbanístico efectivo en la zona y a obtener la colaboración de los vecinos, con el objetivo de ofrecerles una vía de legalidad bajo el requisito de que no se produjeran nuevas alteraciones en el entorno.

Sin embargo, esta opción fue desestimada por el Ministerio de Defensa, que reiteraba en un documento oficial que toda la franja de terreno comprendida entre la Pista de Carros y la Frontera debe quedar libre de cualquier tipo de actuación.

El delegado de Defensa en Melilla en aquel momento, Jesús Damián González de Quevedo Orellana, era el firmante de un escrito en el que se indica que este espacio debe mantenerse despejado por razones de defensa nacional y para preservar la operatividad de las unidades militares desplegadas en la ciudad.

En consecuencia, toda intervención urbanística, incluso de baja intensidad como la que proponía el equipo redactor del PGOU, fue descartada por el área de Defensa, que se amparaba en alegaciones ya formuladas en los años 2014 y 2015 durante anteriores fases del proceso de adaptación del planeamiento urbano.

En paralelo, el diagnóstico urbanístico incluido en el expediente del PGOU reconoce que la zona del Cerro de Palma Santa ha experimentado un crecimiento urbanístico desordenado en torno a la Zahuia existente. Diversas edificaciones han sido levantadas al margen del planeamiento vigente y la falta de medios ha impedido controlar este desarrollo con la intensidad requerida. Según se detalla en la documentación técnica, muchas de estas construcciones tienen ya una antigüedad considerable, lo que hace "especialmente difícil restituir la legalidad urbanística y aplicar medidas correctoras con eficacia".

La situación ha tenido también repercusiones en el plano político. En los últimos días, la polémica por el estado del Cerro de Palma Santa ha enfrentado a la Delegación del Gobierno y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. Ello, después de que una orden judicial obligue a demoler un edificio de dos plantas actualmente habitado por una familia.

La Delegación responsabiliza en ese sentido al presidente melillense de haber permitido durante su mandato el crecimiento descontrolado de ese asentamiento, sin que se adoptaran medidas para frenar la expansión irregular ni prever alternativas habitacionales para las familias que allí residen.

Imbroda, por su parte, ha insistido en varias ocasiones en que es el Gobierno de la Nación quien debe ofrecer una solución concreta a esta situación, especialmente ante la imposibilidad de aplicar el planeamiento con normalidad en esa franja del territorio. En una información publicada recientemente por El Faro de Melilla, el presidente de la Ciudad volvió a reclamar una intervención estatal para resolver la problemática del Cerro y atender las necesidades habitacionales de sus vecinos.

Pese a la búsqueda de una fórmula intermedia por parte de la Consejería de Urbanismo, la postura de Defensa bloquea por completo cualquier intento de encaje legal para las viviendas ya construidas. Aunque desde el área técnica se planteó una alternativa que respetaba los condicionantes militares y no permitía crecimiento adicional, la exigencia de mantener intacto el corredor entre la Pista de Carros y la frontera impide legalizar la situación de facto. La negativa actual mantiene en vilo a las familias afectadas, que continúan viviendo en un contexto de incertidumbre jurídica y sin soluciones a corto plazo.

Con la falta de consenso entre administraciones y la imposibilidad de aplicar medidas correctoras eficaces, el problema del Cerro de Palma Santa sigue sin resolución, agravado por el tiempo, el crecimiento consolidado de las edificaciones y la rigidez de las exigencias militares. La propuesta urbanística de la Ciudad, basada en una regularización limitada y condicionada, ha quedado desactivada por el rechazo explícito de Defensa, dejando de nuevo en suspenso la posibilidad de avanzar en la legalidad urbanística de la zona.