El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla calificó este martes de "inaceptable" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo central pretende llevar este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, denunció que se trata de un acuerdo bilateral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que busca "pagar favores políticos" para prolongar la legislatura, y reclamó que la negociación se aborde de forma multilateral con todos los territorios.
"La propuesta del Gobierno de la Nación es a todas luces inaceptable", afirmó Mohatar, quien añadió que se trata de "una legislatura absolutamente agónica" sostenida, a su juicio, mediante pactos bilaterales que favorecen intereses políticos concretos. La portavoz subrayó que el Gobierno de Melilla defiende que "las cosas se tengan que tratar de forma multilateral" y consideró inadmisible que el Ejecutivo central negocie "de forma bilateral con los independentistas" a cambio de contrapartidas para mantener la legislatura.
Piden aplazar la votación
Melilla no es la única en mostrar su rechazo. Según una nota de la agencia Efe, las once comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, remitieron una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que solicitan retrasar al menos hasta septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para este miércoles con el objetivo de aprobar la reforma.
En el escrito, al que tuvo acceso Efe, los consejeros de Hacienda y Economía de estos territorios sostienen que una reforma "pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás" no puede aprobarse "de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen". Según denuncian, la propuesta que el Gobierno quiere someter a las comunidades es prácticamente la misma que presentó en enero, que ya fue rechazada entonces por 16 de los 17 territorios integrados en el modelo de financiación común, entre ellos Ceuta y Melilla.
Los firmantes advierten de que la actuación del Ejecutivo "quiebra el derecho a un trato igual" entre comunidades, tal como establecen la ley y la Constitución, y señalan además la "falta de oportunidad" de celebrar la reunión en medio de la ola de incendios que ha motivado la declaración de emergencia en varios puntos del país.
Pese a las críticas, los consejeros reconocen que el sistema, en vigor desde hace 16 años, necesita una revisión que adecúe la financiación de las comunidades a sus necesidades reales de gasto, aunque insisten en que dicha reforma debe negociarse de manera multilateral y no impuesta.
Falta de tiempo para el análisis
La carta remitida al ministerio denuncia también deficiencias de procedimiento. Los consejeros consideran que la convocatoria del Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del pasado día 14 fue "extemporánea y sin la documentación necesaria", y que ese defecto no ha quedado subsanado pese a la documentación recibida en los últimos días.
Entre la información que reclaman como "imprescindible" figuran las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del nuevo modelo en todos los territorios, así como la memoria de cálculo del reparto. Añaden que, aunque en la reunión del Comité Técnico se formularon numerosas observaciones "de calado", la documentación completa de ese encuentro no llegó hasta el pasado día 24, sin margen para un estudio detallado.
Los firmantes de la carta subrayan igualmente que acometer una reforma estructural del sistema de financiación cuando los presupuestos generales del Estado en vigor son los de 2023, y sin que el Congreso haya aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria, "priva al proceso de la seguridad y el rigor" que un acuerdo de esta naturaleza exige.
Desde Melilla, Mohatar anunció que la postura acordada por el Gobierno local se hará pública en las próximas horas. "Lo que estamos defendiendo es una financiación global de todos los territorios y no algo hecho a medida", concluyó la portavoz, en referencia a la propuesta bilateral que el Ejecutivo central pretende llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
